La Canasta Básica del Jubilado superó $1,5 millones y evidencia la miseria del sector

La crisis que atraviesan los jubilados en la Argentina quedó nuevamente al desnudo con la actualización de la Canasta Básica del Jubilado, que en septiembre alcanzó un valor de $1.514.074, lo que representa un incremento del 26,12% en apenas seis meses, según datos de la Defensoría de la Tercera Edad.

El relevamiento, que mide los costos de las principales necesidades de las personas mayores, refleja que la mayor presión está en medicamentos (27%) y alimentos (23%), dos rubros esenciales que resultan imposibles de recortar. Así, los medicamentos demandan $402.880 y la alimentación llega a $348.000. A esto se suman $294.000 en vivienda (19%) y $107.444 en limpieza (7%), entre otros gastos.

La Defensoría advirtió que esta situación «ratifica la precariedad y la miseria en la que se hunde cada vez más el sector jubilado», dado que los ingresos de la mayoría están muy lejos de cubrir siquiera la mitad de lo que cuesta una vida digna.

La brecha con la jubilación mínima

El contraste es dramático: mientras que la canasta supera ampliamente el millón y medio de pesos, la jubilación mínima fue de apenas $390.214 en septiembre, incluyendo el bono extraordinario. Este haber lo perciben alrededor de 4,5 millones de jubilados.

La situación es todavía más grave para quienes reciben la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) o pensiones no contributivas, que cobraron en septiembre $326.222 con bono incluido.

Una deuda social pendiente

El informe advierte que, pese a la actualización periódica de haberes y a la aplicación de bonos compensatorios, la realidad muestra que los adultos mayores sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad. La canasta del jubilado, que se calcula en base a precios de los principales centros urbanos del país como Buenos Aires, Rosario, Córdoba y Mendoza, refleja de manera contundente la pérdida de poder adquisitivo y la falta de políticas estructurales que garanticen un retiro digno.

En palabras de la Defensoría, «se trata de una historia que se repite y que profundiza la desigualdad entre lo que cuesta envejecer con dignidad y lo que efectivamente perciben millones de jubilados y pensionados».

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