El Municipio de Añatuya aclaró la situación legal de un inmueble del predio ferroviario y negó persecución política
En medio del conflicto generado por intervenciones en espacios públicos, la Municipalidad de Añatuya emitió un comunicado oficial para aclarar la situación vinculada a un inmueble ubicado en el predio del ferrocarril, remarcando que todas las acciones adoptadas responden exclusivamente al cumplimiento de la normativa vigente y no a motivaciones políticas.
Desde el Ejecutivo municipal se informó que el inmueble en cuestión es un bien público, cedido oportunamente por la Nación al Municipio, cuyo uso se encuentra legalmente limitado a fines públicos o comunitarios. En ese marco, una revisión administrativa y legal realizada por la actual gestión permitió detectar una serie de irregularidades vinculadas a su utilización.
Entre los puntos señalados, se indicó que el contrato de comodato celebrado durante la gestión anterior no contaba con la autorización del Concejo Deliberante, requisito obligatorio establecido por la Carta Orgánica Municipal. Además, se constató que el uso otorgado al inmueble no se ajustaba al destino público exigido, verificándose un aprovechamiento de carácter personal y comercial.
El informe municipal también detalla que se llevaron a cabo obras y modificaciones edilicias sin la debida autorización, algo expresamente prohibido en este tipo de contratos. A ello se suma que parte del inmueble habría sido alquilado a terceros, una práctica incompatible con la figura legal del comodato y vedada para quien lo recibe bajo esa modalidad.
Otro aspecto señalado por el Municipio es que se habría intentado condicionar el traslado de una ONG a la transferencia del inmueble a nombre particular, situación que fue calificada como legalmente inviable.
Ante este escenario, las autoridades municipales aseguraron que actuaron conforme a derecho, dando intervención a los organismos correspondientes y poniendo toda la documentación a disposición tanto de la Justicia como de los medios de comunicación.
Finalmente, desde el Ejecutivo reafirmaron su compromiso con la defensa del patrimonio público, la transparencia en la gestión y el respeto al marco legal vigente, subrayando que las medidas adoptadas tienen como único objetivo resguardar los bienes municipales y garantizar su uso conforme a la ley, descartando de manera categórica cualquier tipo de persecución política o motivación personal.
