Escándalo millonario en Santiago: Badel se defiende, niega estafa y apunta a una maniobra de presión judicial

La provincia de Santiago del Estero se ve sacudida por un escándalo judicial que involucra a empresarios de alto perfil. En el centro de la controversia se encuentra Víctor Amiel Badel, un reconocido referente del sector agroindustrial y textil, acusado por el también empresario Santiago Ibáñez de haber perpetrado una presunta estafa que ascendería a los 100 millones de pesos.

La causa, que investiga el Departamento de Delitos Económicos, se volvió mediática luego de que Badel —a través de su abogado, el Dr. Diego Lindow— negara rotundamente haber cometido cualquier tipo de maniobra fraudulenta, al tiempo que reconoció la existencia de cheques impagos y una deuda millonaria. Sin embargo, sostuvo que se trató de una operación comercial que no se cumplió por problemas de liquidez, y no de una estafa como denuncia Ibáñez.

“Mi cliente nunca se reunió con Ibáñez antes de esta situación, nunca recibió directamente ese dinero de él, y mucho menos sin documentación respaldatoria. Es ridículo pensar que alguien presta semejante suma sin firmar nada”, expresó el Dr. Lindow, que apuntó directamente contra el denunciante: “Ibáñez miente”.

Según la versión de la defensa, Badel sí recibió un préstamo de $50 millones, pero de parte de un tercero, un «amigo del ambiente empresarial», con quien habría acordado devolver el monto en los meses de cosecha. Como garantía, entregó dos cheques por el total de la suma. Lo inesperado surgió cuando ese intermediario habría transferido los cheques a Ibáñez, quien luego inició la acción penal.

El propio Badel, sostiene su abogado, se habría reunido recién en ese momento con Ibáñez, para explicarle que no contaba con fondos y pedir una prórroga. Incluso, según relató Lindow, se habrían cambiado los cheques por otros con nueva fecha de vencimiento, dejando constancia del compromiso de pago.

“No hay dolo, no hay ardid, no hubo intención de estafar. Se trata de una deuda comercial real, que se va a pagar. Están forzando una instancia penal para cobrar un reclamo civil”, sentenció el letrado.

En paralelo, Nicolás Badel, hijo del empresario e integrante del directorio de la firma emisora de los cheques, también fue señalado por Ibáñez. Su abogado, el Dr. Javier Leiva, presentó un escrito ante la Justicia para manifestar que su cliente se pone a derecho, pero calificó la imputación como un «garrote extorsivo».

“Están utilizando la Justicia penal como herramienta de presión para forzar un acuerdo. Nicolás Badel no tuvo ninguna participación en la operatoria ni hay evidencia que lo relacione”, explicó Leiva.

Tanto Lindow como Leiva insisten en que este conflicto debe resolverse en el fuero civil y no mediante un proceso penal. Mientras tanto, el juez interviniente evalúa el pedido de eximición de prisión presentado por la defensa, aunque trascendió que la Fiscalía no se opuso a dicha medida.

Por su parte, fuentes judiciales indicaron que podrían ordenarse nuevas diligencias en las próximas horas, mientras crece el interés público por un caso que involucra cifras millonarias, acusaciones cruzadas y nombres conocidos del empresariado local.