Conflicto de Tierras: La querella solicita investigar una asociación ilícita

El conflicto de tierras entre empresarios y pobladores locales en los departamentos Aguirre y Mitre continúa generando tensiones y enfrentamientos judiciales. Los incidentes, ocurridos los días 21 y 22 de octubre, involucran a la «seguridad» de un empresario español y han dejado dos heridos, dos detenidos y denuncias de abuso de poder, secuestro y uso excesivo de la fuerza armada.

Hechos Recientes

Los pobladores de la región denunciaron el uso de armas de fuego por parte de la seguridad del empresario español Adolfo Fuentes Barrau, propietario del establecimiento «Las Abras», durante el conflicto. Aseguran que se utilizaron balas anti tumulto y que las acciones fueron coordinadas por el empresario cordobés Andrés Cadamuro, quien afirmó ser «ajeno» a los incidentes y a la violencia denunciada. Sin embargo, la presencia de su «seguridad privada» en la zona, presuntamente armada con pistolas 9 mm y chalecos antibalas, ha sido objeto de investigación y crítica.

Acusaciones y Avances Judiciales

Ante la gravedad de los hechos, los abogados Matías García Crespi y Vicente García presentaron una querella en los tribunales de Añatuya en representación de las víctimas, exigiendo que el caso sea investigado como una «asociación ilícita». La querella argumenta que los actos violentos responden a un modus operandi organizado, en el cual Cadamuro y su empleado Franco Darío Luna habrían participado activamente.

En respuesta a estas acusaciones, la jueza de Control y Garantías, Gladys Liliana Lami, estableció un plazo de 10 días de detención preventiva para Cadamuro y Luna, imputados por el fiscal Guillermo Farías por «amenazas calificadas y lesiones leves». Los querellantes, sin embargo, consideran que los cargos deben ampliarse para incluir la figura de asociación ilícita, dado que, según ellos, existe una posesión y uso ilegítimo de armas de fuego por parte de la seguridad del empresario.

Declaraciones de la Querella

El abogado Matias García Crespi sostuvo que Cadamuro “no actuó solo”, subrayando la necesidad de que la Fiscalía instruya el caso bajo los cargos de asociación ilícita, al considerar que los hechos reflejan la metodología de una “banda armada”. En su presentación, los abogados recalcaron la gravedad del caso y el uso de armas de fuego, chalecos antibalas y otros elementos que fueron incautados por la policía local en el sitio.

La querella ha solicitado que el Ministerio Público Fiscal profundice la investigación para esclarecer si existe una red organizada detrás de estos hechos, cuyo propósito sería intimidar a los pobladores en medio de un conflicto territorial cada vez más complejo.

Abogado Matias García Crespi

Reflexión Final

Este caso evidencia la persistencia de conflictos de tierras en áreas rurales del país, donde las disputas entre pobladores y grandes propietarios derivan en actos de violencia y judicialización. La denuncia de una posible «asociación ilícita» agrava aún más el caso y plantea interrogantes sobre el manejo de la seguridad privada en este tipo de disputas.