Una decisión política en tiempos de ajuste: Santiago del Estero actualiza salarios y marca un rumbo propio

En un país atravesado por la inflación persistente, el encarecimiento constante del costo de vida y una economía que obliga a millones de familias a recalcular cada gasto, las decisiones salariales ya no son solo medidas administrativas: son definiciones políticas. Y en ese escenario, el anuncio del gobernador Elías Suárez sobre la nueva pauta salarial para la Administración Pública Provincial no puede leerse como un simple ajuste de números, sino como una señal clara de prioridad, coherencia y dirección.

Mientras el Gobierno Nacional del presidente Javier Milei sostiene un modelo centrado en el ajuste, la reducción del Estado y la idea de que el mercado reordene lo que la política “no debe tocar”, en Santiago del Estero se eligió otro camino: el de sostener el ingreso real de los trabajadores como una herramienta concreta para proteger a la población y evitar que la crisis se convierta en un derrumbe social silencioso.

La pauta anunciada no llega como un gesto aislado, sino como una respuesta integral frente a un contexto que no da respiro. Y ahí aparece el primer dato que marca la coherencia de la medida: el incremento del 42,4% desde febrero, que no solo busca recomponer, sino que se ubica por encima de la inflación interanual informada por el INDEC (32,4%), superándola por 10 puntos. En otras palabras, el Gobierno provincial no se limitó a “acompañar” el índice: decidió ganarle, con el objetivo de que el salario no sea una víctima más del deterioro económico.

En un momento en el que en gran parte del país la palabra “recomposición” suena a promesa vacía, el anuncio provincial intenta ponerle contenido real a un reclamo que atraviesa a todos los sectores: vivir con dignidad sin que el sueldo se evapore antes de mitad de mes.

Pero el paquete no se agota en el porcentaje. La medida también incorpora un punto central, especialmente para los escalafones más bajos: la suba del piso salarial garantizado a $1.130.000, incluyendo hasta dos cargos docentes. Este detalle no es menor, porque en tiempos de crisis el golpe siempre es más fuerte abajo. Y cuando un gobierno decide proteger con un piso salarial, está haciendo algo más que ordenar la grilla: está fijando un límite político frente al empobrecimiento.

Otro aspecto que refuerza la lectura de previsibilidad es la continuidad del esquema de bonos 2026, replicando el modelo de 2025: bono de inicio de ciclo lectivo, Día del Trabajador, bono aguinaldo y bono de fin de año. Esto se traduce en algo que hoy vale oro: certeza. La gente no solo necesita cobrar más; necesita saber cuándo y cómo, para poder planificar en un país donde planificar se volvió un lujo.

En esa misma línea, la confirmación del primer bono del año —$250.000 el viernes 20 de febrero, sin descuentos— funciona como un mensaje directo al bolsillo, en un mes donde históricamente los gastos se multiplican y la inflación suele sentirse con más crudeza. Y además, con un dato político adicional: la extensión del beneficio a empleados municipales, siempre que los municipios lo soliciten. Es decir, el gobierno provincial deja la puerta abierta para ampliar el alcance, sosteniendo una lógica de acompañamiento territorial.

La suba de la ayuda escolar a $280.000 por hijo, a partir del 10 de marzo, también encaja dentro de una lectura estratégica: no es un número al azar, es una decisión de apuntalar a las familias en el momento más sensible del año, cuando el inicio del ciclo lectivo se convierte en un desafío económico para cualquier hogar.

Y finalmente, uno de los puntos más esperados y a la vez más postergados durante años en muchas provincias: la actualización de los contratos de locación. Llevarlos a $910.000 para no profesionales y $1.010.000 para profesionales implica reconocer que detrás de esa modalidad —muchas veces precarizada— hay trabajadores que sostienen áreas enteras del Estado. En tiempos donde la palabra “contrato” suele ser sinónimo de incertidumbre, esta mejora representa un paso importante hacia una mayor equidad interna.

Ahora bien, todo esto no se explica únicamente por la decisión del gobernador. También aparece un dato político que merece ser destacado: el nuevo equipo de trabajo y gabinete de Elías Suárez, que asumió el desafío de construir un anuncio de esta magnitud en un contexto nacional hostil, donde cada peso destinado al salario público es cuestionado desde el discurso dominante del ajuste.

El anuncio, en ese sentido, no es solo económico: es institucional. Habla de gestión, de planificación y de una forma de entender el Estado. Porque cuando el país atraviesa incertidumbre, la provincia eligió actuar como un amortiguador social, no como un espectador del derrumbe.

En definitiva, el paquete salarial 2026 configura una política integral que combina aumento real, piso garantizado, bonos programados, ayuda escolar fortalecida y actualización de contratos. Y más allá de los números, deja un mensaje político fuerte: Santiago del Estero sostiene un rumbo propio, incluso siendo oposición al Gobierno Nacional, priorizando a sus trabajadores y apostando a la estabilidad interna en medio de un país sacudido por el ajuste.

En tiempos donde la inflación y los altos costos parecen condenar a la mayoría a correr siempre desde atrás, esta medida busca —al menos— cambiar la lógica: que el salario no sea la variable de ajuste, sino el punto de partida para sostener consumo, paz social y previsibilidad.