Conmoción en la ciudad por una causa de pornografía infantil: tres imputados y decenas de personas bajo investigación
La ciudad de Quimilí, departamento Moreno, atraviesa horas de profunda conmoción social tras conocerse los alcances de una investigación judicial por tenencia, producción y distribución de representación sexual de menores de edad, una causa de extrema gravedad que involucra a dos civiles y a un efectivo policial, además de un amplio número de personas que integrarían un grupo de mensajería utilizado para la circulación del material ilegal.
La investigación tuvo un avance decisivo este jueves con la detención de un joven de 22 años, identificado como Mauricio Esteban Matheu, mientras que los otros dos imputados —un civil y un policía— fueron beneficiados con eximición de prisión, aunque continúan formalmente imputados y sujetos al proceso judicial.
Allanamientos simultáneos en varios barrios
Las actuaciones se iniciaron poco después de las 8 de la mañana, cuando personal de la División Trata de Personas concretó una serie de allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad, específicamente en los barrios Fonavi I, Victoria, Belgrano y Luján.
Los procedimientos fueron ordenados por la jueza de Control y Garantías, Carolina Salas, y permitieron el secuestro de varios teléfonos celulares y dispositivos electrónicos, considerados elementos clave para el avance de la causa.
Durante las redadas fue detenido Matheu, señalado como propietario del teléfono celular desde el cual se contactó a una adolescente para solicitarle imágenes íntimas, que luego habrían sido viralizadas.
El origen del caso
Según consta en la investigación, el caso salió a la luz en la primera semana de enero, cuando una mujer denunció ante la policía que su hija de 16 años había recibido $10.000 a cambio de enviar fotos y videos desnuda.
La adolescente no contaba con una billetera virtual, por lo que el dinero habría sido recibido a través de la cuenta de su hermana, situación que permitió a la familia advertir lo ocurrido y realizar la correspondiente denuncia.
A partir de allí, la Fiscalía detectó la existencia de un grupo de WhatsApp denominado “Encuentro y venta de contenidos”, en el que se habría organizado una suerte de “book” de imágenes y videos sexuales. De acuerdo a las primeras estimaciones, 91 personas integrarían dicho grupo, lo que da dimensión a la magnitud del escándalo.
Imputaciones y situación procesal
La Fiscalía imputó a tres hombres:
- Mauricio Esteban Matheu (22): acusado del delito más grave, distribución de material de pornografía infantil, al ser señalado como quien contactó a la menor y difundió el contenido.
- Un efectivo policial: imputado por tenencia simple de material ilegal. Fue beneficiado con eximición de prisión y se encuentra en disponibilidad preventiva.
- Otro civil: también imputado por tenencia simple, con eximición de prisión.
El grupo de WhatsApp investigado se encuentra actualmente inactivo, mientras los peritos trabajan en el análisis forense de los dispositivos secuestrados para determinar el grado de participación de cada uno de los involucrados.
Los investigadores no descartan que existan más víctimas, y analizan si el vínculo de Matheu se limitó a una sola adolescente o si hubo contacto con otras menores, incluso fuera de la provincia.
Investigación paralela: otro detenido
En paralelo, la Justicia avanza en otra causa vinculada a la distribución de pornografía infantil, también con epicentro en Quimilí. En ese marco, fue detenido Jorge Alzogaray Carrión (18), quien habría sido vinculado a la distribución de material ilegal con adultos y personas de otras provincias.
El joven quedó privado de la libertad y se espera que en los próximos días sea indagado por el Ministerio Público Fiscal. Su defensa analiza planteos relacionados con la competencia judicial y solicitó que el proceso se lleve adelante con el imputado alojado en su ciudad, para mantener contacto con su familia.
Una causa que sacude a toda la comunidad
La gravedad de los hechos y la cantidad de personas involucradas generaron un fuerte impacto social en Quimilí, donde vecinos, instituciones y familias expresan su preocupación y repudio ante un caso que expone una problemática profunda y alarmante.
Mientras la investigación avanza con estricto hermetismo, la Justicia busca determinar responsabilidades, proteger a las víctimas y establecer si se trata de una red más amplia de explotación y circulación de material sexual infantil, un delito que conmociona y exige respuestas firmes del Estado y de toda la sociedad.
