A juicio un escandaloso desfalco de $800 millones a la AFIP con ramificaciones en Santiago del Estero
Un resonante caso de corrupción que involucra a un contador santiagueño, exempleados de la AFIP y empresarios morosos llegará finalmente a juicio. El expediente, considerado uno de los fraudes más importantes en la historia reciente de la región, expone un mecanismo de condonación ilegal de deudas impositivas que habría ocasionado un perjuicio millonario al fisco nacional.
El “negocio” de las deudas en cero
La maniobra consistía en ofrecer a grandes contribuyentes la posibilidad de cancelar o reducir drásticamente sus deudas impositivas a cambio del pago de un 15% del monto original. El resto, supuestamente, quedaba “en cero” mediante la intervención de funcionarios cómplices y la utilización de comprobantes falsos.
Según las investigaciones, algunos exempleados de la AFIP llegaron a percibir hasta $200.000 para borrar deudas de empresas locales, en un circuito que mezclaba pagos en efectivo, transferencias encubiertas y cheques librados por empresas “fantasma”.
Una denuncia que destapó la red
El caso se inició en 2019, tras la denuncia de la entonces jefa interina de la Sección Penal Tributario de la AFIP-Tucumán, María Lucía de las Mercedes Trabadelo, quien alertó sobre la existencia de una organización criminal dedicada a manipular embargos y registros fiscales.
La pesquisa, encabezada por el fiscal Pedro Simón y la Unidad Operativa Federal de la PFA en Santiago del Estero, permitió documentar una trama de sobornos y complicidades: funcionarios que recibían dinero en oficinas públicas y domicilios particulares, cuentas bancarias prestadas para disimular transferencias y la inscripción de firmas inexistentes para justificar operaciones simuladas.
Imputaciones al por mayor
El juez federal N°2, Sebastián Argibay, elevó la causa a juicio oral contra un grupo integrado por el contador considerado jefe de la organización, su secretaria, funcionarios del organismo recaudador y empresarios beneficiados por el ardid.
Los cargos abarcan desde cohecho pasivo y activo, hasta asociación ilícita fiscal. Según trascendió, el debate oral podría realizarse en el primer semestre de 2026.
El impacto en Santiago del Estero
El caso no pasa inadvertido en la provincia: el volumen del desfalco —más de $800 millones— y la presunta participación de profesionales y contribuyentes locales lo convirtieron en tema de conversación en ámbitos empresariales y judiciales. La magnitud de la operatoria y la audacia con la que se movía la banda, incluso dentro de oficinas públicas, despierta inquietud por los niveles de corrupción alcanzados.
La expectativa ahora está puesta en el juicio, donde se ventilarán las pruebas recolectadas en estos años y se definirá la responsabilidad penal de cada uno de los involucrados.
