Excarcelan con Fianza de $500.000 a 27 Acusados de Usurpación Violenta en Estancia «Tierra Brava»

Un grupo de 27 individuos imputados por irrumpir con violencia, maniatar empleados y despojar la estancia «Tierra Brava» en Alberdi, obtuvieron la excarcelación bajo fianza de $500.000 y estrictas medidas judiciales. La decisión de la jueza Erika Casagrande Valdueza se tomó a pesar de la oposición de la Fiscalía, reavivando el debate sobre la usurpación de tierras en la provincia.

Santiago del Estero se mantiene alerta ante la creciente preocupación por los casos de usurpación de propiedades, y el reciente desarrollo en el caso de la estancia «Tierra Brava» en Alberdi no hace más que profundizarla. La jueza de Control y Garantías, Dra. Erika Casagrande Valdueza, concedió la excarcelación a los 27 detenidos que el pasado 8 de diciembre protagonizaron un violento episodio al ingresar al predio, atacar a los empleados y expulsarlos del lugar.

Los imputados, entre los que se encuentran Tomás Torres Villalba, Martín Algaller, Octavio Campoya y otros 24 sujetos, enfrentan graves cargos por «usurpación por despojo, privación ilegítima de la libertad, coacción agravada en concurso real». La fiscal Eugenia Callegaris lidera la investigación, que reveló detalles escalofriantes sobre la irrupción en la estancia.

Detalles de la Violenta Usurpación

La noche del 7 de diciembre, la banda irrumpió en la estancia «Tierra Brava» en cinco camionetas, armados y a los gritos. Redujeron al casero, Rogelio Oviedo, y a otros cuatro empleados, a quienes maniataron y vendaron los ojos. «Hubo disparos y nos amenazaron de muerte. Nos dijeron que nos vayamos del lugar. Nos quitaron todos los celulares», relató Oviedo, quien logró esconder su teléfono y avisar a la policía. Los trabajadores fueron «echados con fuerza» del lugar.

Al día siguiente, tras dos allanamientos, la banda fue detenida, y en su poder se encontró un «millonario botín», según informaron las autoridades.

Excarcelación bajo Fianza y Estrictas Condiciones

A pesar de la oposición de la Fiscalía, la jueza Casagrande Valdueza hizo lugar al pedido de los abogados defensores. Como condición previa a la excarcelación, los imputados deberán acreditar fehacientemente sus domicilios y cumplir con una serie de medidas restrictivas:

• No podrán ausentarse por más de 24 horas de su domicilio sin autorización previa de la Justicia.
• Deberán comparecer ante la dependencia policial más cercana a su domicilio todos los días lunes para manifestar su voluntad de estar a derecho.
• Se les impuso una restricción de acercamiento al inmueble donde ocurrieron los hechos, a una distancia no menor de 1 kilómetro.
• También se les prohíbe acercarse a las víctimas, testigos y familiares de los mismos, así como a sus lugares de residencia, a una distancia no menor de 500 metros, y no podrán tener ningún tipo de contacto con ellos.
• Finalmente, para recuperar la libertad, cada uno de los 27 imputados deberá abonar una caución personal de $500.000.

Mientras la Fiscalía continúa con las averiguaciones, la decisión judicial ha generado un intenso debate en la comunidad sobre la eficacia de las medidas preventivas y punitivas ante el flagelo de la usurpación de tierras, un delito que, como evidencia este caso, puede estar acompañado de extrema violencia y poner en jaque la seguridad y el derecho a la propiedad privada.