Santiagueña con doble condena: la Corte Suprema decidirá su futuro

Conflicto de competencias entre Salta y Santiago del Estero: la defensa busca el traslado de la interna

Una mujer santiagueña enfrenta una encrucijada judicial luego de haber sido condenada por delitos distintos en dos provincias. Actualmente alojada en una unidad penitenciaria de Salta, su futuro está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que deberá resolver un conflicto de competencia entre los tribunales de Salta y Santiago del Estero.

Se trata de Marcela, una vecina del departamento Figueroa, quien fue condenada en noviembre de 2024 a 4 años de prisión por un tribunal unipersonal salteño, tras ser hallada culpable del transporte de 15 kilos de cocaína. La causa fue impulsada por la fiscal Josefina Vázquez, en el marco de un operativo de Gendarmería Nacional en la localidad de General Pizarro, donde fue detenida su hermana en primera instancia.

Según los informes judiciales, Marcela habría continuado el viaje tras el procedimiento, pero fue detenida dos meses después en La Cañada, Figueroa, sindicada como presunta “puntera” en la operación. Su hermana, en tanto, se acogió a la Ley del Arrepentido y habría aportado datos claves para avanzar en la investigación.

Segunda condena

En paralelo, la santiagueña también fue condenada a seis meses de prisión en la provincia de Santiago del Estero por el delito de contrabando, vinculado a la compra de mercadería en Bolivia para su comercialización informal en el interior provincial. Esta causa se tramitó por separado, y sumó una nueva complicación al panorama judicial de Marcela.

La defensa de la mujer solicitó la unificación de penas y su traslado a una unidad penitenciaria en Santiago del Estero, con el argumento de que es su lugar de residencia y donde mantiene vínculos familiares. Sin embargo, tanto el tribunal federal salteño como el juzgado de Santiago se habrían declarado incompetentes para resolver el destino de la interna.

Decisión clave

Ante la falta de acuerdo entre ambas jurisdicciones, el expediente fue elevado a la Corte Suprema de Justicia, que ahora deberá definir en qué provincia deberá cumplir Marcela la condena unificada, que alcanza los 4 años y 6 meses de prisión.

De acuerdo con las normas vigentes, todo indicaría que la pena debería cumplirse en la jurisdicción que impuso la condena más grave, en este caso, Salta. No obstante, la decisión final quedará en manos del máximo tribunal del país, en un caso que refleja los desafíos del sistema penal federal ante delitos cometidos en diferentes provincias.

La defensa aguarda una pronta resolución que permita no solo clarificar el destino legal de su representada, sino también garantizar condiciones más favorables para su cumplimiento de condena, dadas sus raíces familiares y sociales en Santiago del Estero.