Suárez firmó su primer decreto como gobernador para cuidar los recursos del Estado provincial

En una señal política clara y contundente, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, firmó el primer decreto de su gestión, orientado a reforzar el control del gasto administrativo y preservar los recursos del Estado provincial. La medida, tal como lo había anticipado en su mensaje de asunción, busca garantizar previsibilidad en la administración pública, eficiencia en el uso de los fondos y calidad en la prestación de los servicios esenciales.

El decreto establece un régimen integral de control y contención del gasto público, que entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre de 2025, con una duración inicial de 12 meses, prorrogable por un período idéntico. La normativa alcanza a la Jefatura de Gabinete, ministerios y secretarías de Estado, organismos autárquicos y descentralizados, empresas y sociedades del Estado.

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que se trata de una decisión estratégica, que marca el rumbo de la nueva gestión y refleja el compromiso del gobernador Suárez con una administración responsable, austera y enfocada en el interés general.

Medidas firmes para ordenar el gasto

Entre los puntos centrales, el decreto prohíbe nuevas contrataciones de recursos humanos, cualquiera sea su modalidad o fuente de financiamiento, incluyendo programas nacionales o internacionales. También se restringe la cobertura de cargos vacantes o interinos de autoridades superiores y personal jerárquico, así como la contratación de personas jubiladas, salvo en los cargos de ministro y secretario.

Asimismo, se suspenden nuevas horas extras, bonificaciones e incentivos, cuya renovación quedará bajo autorización expresa de las máximas autoridades de cada área, centralizando el control político y administrativo del gasto.

La normativa también establece la prohibición de alquilar vehículos y maquinarias, así como de celebrar o renovar convenios que impliquen erogaciones para el Estado provincial, reforzando el criterio de austeridad en el funcionamiento cotidiano del sector público.

Control presupuestario y eficiencia administrativa

El decreto dispone un estricto control presupuestario, obligando a cada organismo a justificar y solicitar autorización previa para cualquier expediente que implique aumento de partidas con crédito agotado. Se centraliza además la autorización de viáticos, priorizando reuniones virtuales, y se limita la renovación de fondos permanentes a una sola vez por mes.

También se fijan restricciones en partidas destinadas a publicidad oficial, transferencias discrecionales y asistencias directas a municipios y comisiones municipales, en línea con el objetivo de ordenar las finanzas provinciales.

Obra pública, subsidios y fondos especiales

En materia de obra pública, el decreto establece que la contratación de nuevas obras y la continuidad de trámites no adjudicados serán evaluadas por el Poder Ejecutivo. Quedan exceptuadas aquellas obras vinculadas a servicios esenciales como salud, educación, agua y seguridad, además de las que el Ejecutivo considere prioritarias.

Se implementará, además, un Régimen Especial de subsidios, con mayores controles en su otorgamiento y rendición, junto con límites al uso de fondos específicos, cuentas especiales y recursos provenientes de la Nación o de financiamiento internacional.

Responsabilidades y sanciones

El cumplimiento del decreto será responsabilidad directa del jefe de Gabinete, ministros, secretarios y titulares de organismos descentralizados. El incumplimiento de las disposiciones será considerado falta grave, habilitando la instrucción de sumarios administrativos y la suspensión automática del cargo.

Finalmente, la Jefatura de Gabinete fue designada como autoridad de aplicación, con facultades para dictar normas complementarias y reglamentarias.

Con esta decisión, Elías Suárez marca su primera medida de gobierno, dejando en claro que el cuidado de los recursos públicos será uno de los pilares centrales de su gestión, en un contexto que exige orden, responsabilidad y eficiencia en la administración del Estado provincial.