Asesinato del campesino Martínez: el implicado cumple cárcel domiciliaria en Santiago

Desde el Mocase-VC especificaron en un comunicado los detalles del asesinato del campesino Fabián Martínez y el eficaz accionar de la justicia santiagueña.

En abril pasado, se viralizó un video que muestra el momento en el que una banda armada asesinó a sangre fría al señor Fabián Martínez, integrante del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase-VC). Los acusados, al servicio de un empresario del agronegocio, están filmados y fueron detenidos.

Desde el Mocase-VC especificaron en un comunicado, en referencia a lo sucedido a este hecho:

Los Salazar, son campesinos de raíces indígenas nativas de la provincia de Santiago del Estero, y constituyen varias familias, dueñas legítimas de las tierras donde nacieron y se criaron. Allí siguen viviendo y mantienen sus derechos posesorios de manera ininterrumpida, continuada por 5 generaciones en el paraje San Francisco del departamento Alberdi.

Son pequeños productores dedicados principalmente a la cría de ganado vacuno, utilizando como pastoreo gran parte de la extensión de su posesión. Hoy por hoy, cuentan con un sin número de mejoras construidas y ejercidas en esta misma posesión. En el campo de los Salazar existen desde hace ya muchos años, las viviendas de 5 familias constituidas, instalaciones productivas como corrales, cercos, alambrados, pozo de agua, represa. Todas estas, pruebas indiscutibles del extenso recorrido histórico en el cual los Salazar desarrollaron su vida en el lugar.

San Francisco está ubicado a 7 kilómetros aproximadamente de “El Porvenir” y a 4 kilómetros de “Valle del Oriente”, parajes rurales conocidos en la misma zona donde viven los Salazar. El conflicto comienza cuando una familia de “El Porvenir”, vende aparentemente un campo perteneciente a su propia posesión sumando una parte de la posesión de los Salazar en esa mala venta. Éste es un mecanismo de acumulación recurrentemente utilizado en muchos sectores de nuestro interior provincial por empresarios acaparadores.

Los Padilla, una banda armada

Ernesto Luis Porta, empresario cordobés, registra títulos de tierras en 14 diferentes puntos del Norte santiagueño. En algunos de estos puntos, como Donadeu (Dpto Alberdi), las familias campesinas indígenas advierten la peligrosa presencia de “la banda de los Padilla”. Al igual que los Salazar, estas familias están organizadas en el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

“Los Padilla”, son una banda armada contratada por varios empresarios en la Zona Norte de Santiago del Estero, y comandada habitualmente por un nefasto personaje conocido como “Lito” Padilla. Ernesto Luis Porta contrata este peligroso grupo liderado por el hijo de “Lito”, Jonathan Padilla, sumando un número de aproximadamente 20 personas.

Esta gente desconocida, tenían el objetivo de USURPAR el campo de los Salazar, haciendo deslindes y alambre, dividiendo la superficie donde pastorean sus vacas y en donde el ganado se traslada diariamente para llegar a la represa donde se proveen de agua.

Desde un primer momento, la construcción de este alambre fue con la utilización de armas por parte de los supuestos alambradores. Ante la amenaza de las armas, y la falta de comunicación con fuerzas de seguridad cercanas, varias personas provenientes de comunidades campesinas indígenas, recorrieron diferentes distancias para acudir al paraje San Francisco.

Todas estas personas, como los Salazar, son miembros del MOCASE. Las familias organizadas llegaron al lugar con el fin de preservar, de manera pacífica, la seguridad de los Salazar. Vale aclarar, que todas estas personas, integrantes de la organización, lo hacen por voluntad propia, en la mayoría de los casos, por el hecho de haber sufrido circunstancias parecidas en sus propios lugares de origen y solidarizándose con la familia actualmente afectada. Debido a esto, se unifican en defensa de sus derechos.

Dentro de este grupo de personas que se solidarizaron con los Salazar, se encontraba Fabián Martínez. Fabián era un integrante del MOCASE, nacido y criado en la comunidad campesina indígena de Las Carpas, ubicada en el departamento Alberdi. Es en esta situación, que los Salazar y sus compañeros sufren el ataque de la banda de “Los Padilla” siendo Jonathan, quien efectuó los disparos que terminarían con la vida de Martínez. A más de un mes del asesinato de Fabián, la banda armada que tiene como principal implicado a Jonathan Padilla, junto a su empleador Ernesto Luis Porta, se encuentran detenidos por la Justicia Provincial Santiagueña.   

En términos técnicos jurídicos, Ernesto Luis Porta es un empresario acaparador, que compra posesión mediante cesiones de acciones y derechos. Estas cesiones se caracterizan por ser imprecisas, indeterminadas, con escasa descripción del bien cedido a tal punto de ser absolutamente relativo el inmueble comprado. Porta trata de justificar con la maniobra mencionada, el posterior apoderamiento de superficies donde viven y ejercen posesión otras familias distintas a los supuestos vendedores. Esto lo hace, a partir del apriete, en términos más precisos, la coacción ejercida por parte del grupo armado contratado por el mismo Porta. En realidad, se trata de una ficción provocada por quien cede, personaje que nunca puede justificar la superficie que dice tener y que, de todas maneras, lo hace. Luego, Porta contrata a los Padilla para el hostigamiento estratégico o táctico de las familias poseedoras en la superficie pretendida, garantizando la confección del alambrado perimetral sin oposición alguna. Con los deslindes y el alambrado perimetral, el empresario logra hacerse del corpus de la superficie.

Inseguridad jurídica

Es sabido que la inseguridad jurídica sufrida durante décadas en Santiago del Estero motivó, entre diversas causas, los procesos de intervenciones federales en la provincia. Debido a dicha situación, en la historia se produjo una anomalía registral caracterizada por un sin número de escrituras circulando por el registro de la propiedad, escribanías, cafetines, o remates en entidades financieras y bancos, mientras que los verdaderos poseedores, habitan el suelo desconociendo absolutamente a quien dice ser titular. La situación se da, sobre todo por el hecho de que esos titulares no viven en el lugar, ni ejercen posesión, ni tienen mejoras, ni actos posesorios que justifiquen eso que dicen tener en términos registrales. Así se pueden detectar, con fecha de décadas anteriores, muchos remates en bancos, producto de prendas o créditos que nunca fueron pagados por sus aparentes titulares; o transmisiones de dominio sin que se produzca la llamada “tradición”. La tradición es el acto por el cual la persona que adquiere un inmueble, toma posesión del mismo inmediatamente después de que se hace efectivo el acto de la transmisión, con el debido pago de la contraprestación dineraria que se pide a cambio de la transferencia del título del inmueble.

La maniobra de Porta y los Padilla se ve reflejada en muchos otros casos en los que las familias organizadas del MOCASE, defendieron sus derechos. Además de ésta, existe otra forma ilícita con la cual los empresarios buscan aparentar transparencia registral y propiedad perfecta. Esta segunda maniobra consiste en la compra de escrituras sin constatar el estado posesorio de la superficie que se compra y siendo que el vendedor de la escritura no ejerce posesión en el campo vendido. Por lo tanto, no lo tiene físicamente. Luego de esto, la estrategia se unifica. La banda armada contratada por el comprador hace el “trabajo sucio” en el territorio, despojando a familias campesinas indígenas de sus tierras donde viven, producen, forman familias y desarrollan sus vidas.

En síntesis, la compra de derechos posesorios de Porta no cumple con ninguno de los presupuestos exigidos por el Código Civil y Comercial de la Nación, ni en la figura legal de la “transmisión”, ni de la “tradición”. Porta necesita de los servicios de la banda armada de los Padilla para amedrentar tácticamente a la familia Salazar.

Jonathan Padilla y sus secuaces, quedan detenidos por el delito de homicidio agravado. A la luz queda un modus operandi sistemático aplicado por muchos empresarios como Porta, conectados por la misma banda armada que es reconocida en muchos puntos del Norte Provincial, en los últimos 20 años. Las comunidades organizadas del MOCASE a lo largo de todo este tiempo, fueron denunciando los ataques y registrando a los responsables.

El empresario santiagueño, oriundo de Nueva Esperanza, Esteban Boix, habría contratado a los Padilla pretendiendo tierras en el Paraje Villa Estela del Depto. Pellegrini, perteneciente a la Comunidad Indígena Villa Estela y Soledad del Pueblo Originario Lule-Vilela, en los años 2004 y 2005.

En territorios de la misma Comunidad Indígena, el empresario santafesino Saúl Cortada, también habría contado con los servicios de los mismos personajes en el año 2016, para INGRESAR en el Paraje El Algarrobal.

Hernán Cossio, empresario tucumano, habría accedido a los servicios de PADILLA, en el año 2019, en la Comunidad Indígena La Florida del Pueblo Originario Lule-Vilela, en complicidad con un lugareño llamado Orlando Ezequiel Garnica.

Flavian Strukov, político y empresario tucumano, también lo hizo en contra de los miembros de la Comunidad Indígena Copo Viejo del Pueblo Originario Lule-Vilela, en el paraje El Ojito, año 2019.

Desde ese mismo año y hasta la actualidad, Ernesto Luis Porta, contrató a los Padilla para entrar en las tierras de la Comunidad Campesina de Donadeu, del Depto. Alberdi.

Además, Damián Alejandro Porta, familiar y socio de Ernesto Luis, registra graves denuncias por parte de integrantes de la Comunidad Indígena Tres Leones del Pueblo Originario Vilela, entre los años 2005 y 2013.

Todo este registro, junto con la extensa investigación del caso de San Francisco llevado adelante por la Fiscalía, da a entender que no es un accionar inocente el de Porta cuando contrata a los Padilla. Es más, asegura su involucramiento en la autoría intelectual del homicidio de Martínez.

Eficaz accionar de la justicia santiagueña

Cabe mencionar y hacer reconocimiento del accionar eficaz y veloz de la Justicia Santiagueña, que inició la investigación ni bien había ocurrido el homicidio en San Francisco y que hizo las interlocuciones necesarias con los diversos actores involucrados para seguir la ruta investigativa que dio, no solo con la banda armada, sus integrantes, refugios, escondites de armamento y otras provisiones, sino que también desenmarañó la estructura que financiaba el accionar de esta banda y que recae en la autoría intelectual de los delitos por parte de Ernesto Porta.

Una vez más, claro está que cuando hay una familia campesina indígena sufriendo atropellos por parte de empresarios u otros actores que intentan acaparar ilegalmente tierras que nos les pertenecen, sea cual sea el punto de nuestro territorio provincial en donde se ubique el problema, las familias organizadas del MOCASE acudirán desde los 25 departamentos en donde están organizadas para contener y defender los derechos de los verdaderos poseedores, nacidos y criados, que viven y producen generación tras generación en cada paraje rural, cada comunidad indígena, en cada rincón de nuestros montes santiagueños.

Con respecto a los tiempos judiciales, hoy Porta se encuentra cumpliendo cárcel domiciliaria y compareciendo ante la Justicia Provincial Santiagueña que, mediante el proceso debido, tiene la responsabilidad de determinar las consecuencias de sus delitos.

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