Rached vuelve al centro de la escena política con una condena firme que marca un antes y un después
La política santiagueña vuelve a quedar sacudida por una causa judicial de alto impacto institucional. El exintendente de la ciudad de Pinto y exvicegobernador de la provincia, Emilio Rached, fue condenado por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero por graves delitos contra la administración pública, en una sentencia que lo devuelve al centro del debate político, aunque desde el lugar más oscuro de su trayectoria.
El fallo lo encontró culpable de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad, imponiéndole una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, una de las sanciones más severas en términos políticos e institucionales. En la misma causa, su secretaria recibió una condena de dos años y seis meses de prisión.
Asimismo, la Justicia ordenó el decomiso de los efectos del delito y condenó a Rached al pago de $5.143.590, monto correspondiente al perjuicio económico ocasionado al Estado.
Fondos para obras que nunca se concretaron
Durante el debate oral quedó acreditado que Rached desvió fondos nacionales destinados a obras públicas en la ciudad de Pinto, recursos que debían ser utilizados para mejorar la infraestructura básica y promover el desarrollo comunitario en distintos barrios de la localidad.
El dinero provenía de partidas giradas por la Secretaría de Infraestructura Urbana, dependiente del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda, durante la presidencia de Mauricio Macri. Esos fondos tenían asignación específica para proyectos de mejora urbana que, según se probó en el juicio, no se ejecutaron conforme a lo establecido.
La fiscalía sostuvo que el exjefe comunal aprovechó su rol como máxima autoridad municipal para disponer de manera irregular de recursos públicos, afectando directamente a la comunidad que debía beneficiarse con esas obras. Si bien el Ministerio Público había solicitado una pena mayor —cuatro años y seis meses de prisión—, el tribunal resolvió una condena menor en cuanto al tiempo, pero ratificó la inhabilitación perpetua, clausurando de manera definitiva cualquier posibilidad de regreso a la función pública.
Impacto político e institucional
La condena a Rached no solo tiene consecuencias penales, sino también un fuerte impacto político, al tratarse de una figura que ocupó cargos de relevancia provincial. El fallo reaviva el debate sobre la transparencia en el manejo de fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios que administran recursos destinados al desarrollo de las comunidades del interior santiagueño.
Con esta sentencia, la Justicia federal envía un mensaje contundente: los delitos contra el Estado no quedan impunes, aun cuando hayan pasado los años y los protagonistas hayan ocupado lugares de poder.
