Quién es el cura que lucha contra los agrotóxicos en Pozo Hondo

El cura denunció públicamente que la siembra de soja, implica la fumigación con tóxicos que generan enfermedades.

El párroco de la localidad de Pozo Hondo, Sergio Raffaelli, alzó su voz de lucha y resistencia contra los agrotóxicos en el pueblo, hoy con serios problemas ambientales y de salud entre sus pobladores debido a los campos que son fumigados para la siembra, principalmente de soja.

“La lucha es desigual, pero hay que darla”, dijo el cura hace poco en una entrevista con el periodista Gastón Rodríguez para el sitio Tiempo Argentino.

“La zona nuestra es de campos grandes y los que vivimos en los parajes hemos quedado en medio de un mar de soja. Todos los días sufrimos los síntomas del envenenamiento: problemas respiratorios, manchas en la piel, partos espontáneos, chiquitos con malformaciones. También se mueren los animales y los sembradíos se secan enseguida. Queremos ponerle fin a esta situación, que la gente se empodere y que los dueños de las fincas no se sientan impunes. Sabemos que la lucha es desigual, pero hay que darla”, resaltó.

El cura del pueblo, Sergio Marcelo Raffaelli, es una de las personas que se encuentra al frente de reuniones que se vienen desarrollando en esa localidad, con el objetivo de ponerle fin a la contaminación con agrotóxicos, y los inconvenientes que las fumigaciones genera en la zona.

El cura es miembro de la Opción por los Pobres, y trabajó anteriormente en la parroquia San Isidro Labrador, ubicada en la localidad de Forres.

Fue el mismo cura quien, hace unos días, convocó a una reunión en la capilla Virgen de Luján de El Bagual, uno de los 130 parajes del departamento Jiménez, para denunciar la emergencia ambiental de la zona, y que logró, por primera vez, la presencia autoridades.

Hasta allí concurrió la fiscal federal, Indiana Garzón; el fiscal de Las Termas de Río Hondo, Ignacio Guzmán; funcionarios del Comité de Emergencia, autoridades policiales y de pobladores de Pacará, Toro Pozo, El Churqui, El Guayacán y Gramilla Vieja, entre otras comunidades afectadas.

“El detonante –explica Raffaelli– fue una fuerte aplicación de agrotóxicos en noviembre último. La gente se asustó porque nunca se había sentido tan fuerte el olor. Los efectos fueron muy visibles y dos familias radicaron una denuncia en la subcomisaría de El Charco. Pero los aviones suelen salir de suelo tucumano y fumigan sobre tierras santiagueñas. Ese conflicto de fronteras habilita a intervenir a la justicia federal”.

El párroco destacó que la mayoría de las «fincas» –con extensiones que no bajan de las 10 mil hectáreas– tienen dueños tucumanos y “poderosos” que emplean a la mayoría de los hombres que habitan en los parajes del departamento Jiménez.

“Uno ve los aviones, por lo general de noche, cuando hay más viento, lo que genera más humo que se disipa por las poblaciones. Eso provoca preocupación e incertidumbre porque nadie sabe las consecuencias que va a tener para la salud. Nadie puede calcular el efecto residual que permanece en los cuerpos”, dijo Luis Santucho, defensor adjunto de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Santiago del Estero, otro de los asistentes a la reunión convocada por el cura.

Estrategia legal

“Estamos armando una estrategia legal para presentar un amparo de carácter colectivo en representación de los niños y niñas que concurren a las escuelas y que por las fumigaciones ven afectado su derecho a la salud, especialmente en El Bagual, donde hemos constatado que los establecimientos educativos están calle de por medio con los finqueros. Las maestras y los chicos nos contaron que les dolían la vista, la cabeza, que se les morían las aves de corral, que ni los algarrobos han florecido”, destacó Santucho.

La Dirección de Agricultura y Ganadería, dependiente del Ministerio de Producción provincial, ya se comprometió a recibirlos a fin de enero.

“Se van a abriendo puertas –dice Raffaelli– porque, además de cura, trabajo en una radio comunitaria y todos los días hablo del tema para que a la gente le entre que tiene el derecho de vivir en un ambiente sano, que no tiene que soportar a estos sojeros que son tan cínicos que les regalan a los empleados los bidones de glifosato vacíos para que junten el agua que después llevan y toman en sus casas”.

Por su parte, Santucho habla de un «temor reverencial» a los dueños de las fincas, «muchos de los cuales son verdaderos terratenientes».

«Es importante destacar la presencia de valientes mujeres que, desoyendo la recomendación de los hombres de las casas, algunos de ellos trabajadores de los finqueros, se acercaron a la reunión a contar lo que sufren a diario. Esas mujeres fueron escuchadas y están ante la posibilidad concreta de que por primera vez reciban una respuesta del Estado», concluyó Santucho, en la reunión convocada por el sacerdote tan querido en el pueblo de Pozo Hondo.

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