El Mocase denunció persecución de los hermanos Masoni a familias campesinas de La Simona

Desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) nuevamente se expresaron públicamente para “desmentir ciertas declaraciones falsas expresadas por el Peón Rural Eduardo Miguel Carlón y que fueron difundidas por medios de comunicación de dudosa procedencia e intención tendenciosa y desinformante”, señalaron mediante un comunicado.

A continuación, el texto completo del pronunciamiento del Mocase:

“Los hermanos Guillermo y Daniel Masoni, a través de las empresas de las que son socios mayoritarios junto con otros parientes,  dicen ser titulares por medio de escritura, de grandes extensiones de tierra en la provincia de Santiago del Estero. Más de 250 mil hectáreas repartidas en tres departamentos de la provincia cuya titularidad hoy es cuestionada por la justicia; los Masoni y sus empresas tampoco cuentan con la posesión de dichos campos. Desde la década del 80, con diferentes intermediarios y a través de distintas estrategias, este inescrupuloso delincuente intentó desalojar de manera ilegítima a las familias poseedoras de la comunidad campesina de La Simona, valiéndose de sus influencias políticas, quienes usan todo su poder mediático, judicial y financiero para salvarlo y salvarse de lo que podría ser uno de los mayores bochornos políticos de los últimos tiempos a nivel nacional.

La situación despertó la alarma pública a nivel nacional e incluso internacional a fines de los años 90, en el momento de mayor recrudecimiento del conflicto: el empresario Guillermo Masoni, junto con su encargado, Ariel Cingolani, ingresaron al campo con más de cuarenta agentes de policía armados y con varias topadoras, dispuestos a topar las casas y las mejoras de los habitantes legítimos poseedores del lugar. En aquellos años, Masoni y sus secuaces actuaban con la complicidad de los poderes del estado, que al poco tiempo fueron intervenidos por el Congreso Nacional a través de la ley Nacional 25.881 en el año 2004.

Esta y otras conductas se enmarcan en el delito de asociación ilícita que se investiga en los tribunales penales de Santiago del Estero. La asociación fue integrada por distintas personas, de acuerdo a las diferentes épocas y maniobras que Masoni desplegó, siendo este el jefe de toda la estructura; con el objetivo de desapoderar a las familias de sus tierras, en un principio con mayor violencia y luego con engaños y ardides.

Algunos integrantes de la asociación estuvieron más involucrados que otros en la realización de estos delitos, como es el caso del abogado Rodrigo Posse, quien orquestaba denuncias falsas desde su estudio jurídico contra legítimos poseedores y sus abogados. Uno de los tantos denunciantes que era guionado por el Dr. Rodrigo Posse, es el ciudadano Miguel Eduardo Carlón, quien junto con otras personas realizaba denuncias arbitrarias para desprestigiar a las familias campesinas nacidas y criadas en la Simona que resistían los intentos de desalojo, y a los abogados que se dedicaban a su defensa, como la Dra. Mabel Bravo, hoy fallecida, y el Dr. Carlos Weyemberg, ambos sobreseídos al día de hoy por las denuncias que se hicieron en su contra. Carlón junto a otros encargados y peones denunciantes sabían del contenido mentiroso de sus declaraciones a la hora de denunciar.

En un primer momento, Carlón intentó desligarse de la Asociación Ilícita declarando en distintas instancias que actuaba bajo amenaza de muerte de Masoni, con la intervención de su abogado, Rodrigo Posse y siendo acosado y vigilado por empleados de la empresa de seguridad Protección 24. Hoy en día, Carlón reitera las denuncias por las cuales fuera involucrado en la Asociación Ilícita a través de una entrevista en un medio cuya procedencia se desconoce, desmintiendo declaraciones que el mismo hizo bajo juramento ante funcionarios públicos.

Otra persona involucrada en la asociación ilícita es el ciudadano Ariel Cingolani, quien, luego de la resistencia a las topadoras en 1998, se dedicó a hostigar durante más de quince años a cada una de las familias de la comunidad para amenazarlas con desalojos y reubicaciones, sin juicio de por medio y violando todos los derechos y garantías explicitados en los tratados internacionales y el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Todo esto se orquestó con el objetivo de obtener la firma de escrituras fraudulentas en las que la empresa Los Mimbres S.A. simulaba donar a los firmantes una porción de tierra, que en los hechos era groseramente menor a la que poseían, “reconociendo” una parte minoritaria correspondiente a la localización de la vivienda de la familia y sustrayendo toda la otra parte más grande de hectáreas que siempre se habían usado para siembra o pastoreo de animales. De esta manera, la empresa impedía cualquier tipo de desarrollo y autosustento de parte de los poseedores; la firma además significaba la renuncia a los derechos posesorios que habían adquirido legítimamente después de varias generaciones de posesión pública, pacifica e ininterrumpida. Las hectáreas que no eran “donadas” por la empresa, eran arrendadas o vendidas a grandes productores agropecuarios, o en la mayoría de los casos usadas para la especulación financiera y ociosa sin ningún fin productivo. De más está decir que la reducción de las hectáreas, además de las fumigaciones constantes en la zona por parte de estos productores causaron enormes pérdidas productivas a los habitantes poseedores del paraje La Simona, tanto de ganado como de siembra, pero también afectando a la salud humana y comprometiendo a futuras generaciones. Esta asociación ha impedido el acceso al agua, a la electrificación y a todo recurso que pudiese favorecer a la comunidad, a los efectos de que se retirasen ya sea por el propio hostigamiento, o por acceder en situación de aparente necesidad a los ofrecimientos abusivos e injustos de la empresa, o bien, debido a los obstáculos para mantener una vida digna.

Para generar una apariencia legal en la supuesta adquisición de los inmuebles involucrados, la asociación ilícita realizó varias transferencias irregulares de los títulos registrales de las tierras, utilizando las cuatro empresas de las cuales Guillermo Masoni y su familia son socios mayoritarios: RUTENIA S.A., SALONICA S.A., JUNGLA S.A. y LOS MIMBRES S.A. Así, se descubrió a partir de la investigación que ninguna de estas empresas registraban movimientos de dinero alguno, ni de pago de impuestos, ni tampoco un funcionamiento como el que exige la ley de sociedades en Argentina, constituyéndose solo como meros sellos utilizados para actividad especulativa (lavado de dinero), evasora en términos tributarios y por lo tanto delictiva. Pareciese casi una burla que todos estos sellos de sociedades anónimas tengan casualmente su domicilio fiscal y comercial en las mismas oficinas ubicadas en calle Florida 890 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además de estas cuatro empresas, existe una quinta firma, VILLARREAL S.A. dedicada exclusivamente a ser intermediaria en los negocios inmobiliarios que involucran los tierras santiagueñas en conflicto y que se hacían entre las empresas de la familia Masoni y otras firmas agropecuarias, única razón de su existencia como empresa, como si se tratara de una inofensiva operación de venta. VILLAREAL S.A. termina siendo un eslabón fundamental para la asociación ilícita en su actividad. De esta manera, la asociación ilícita lograba, en apariencia, cumplir con los presupuestos que el derecho civil exige para entenderse propietario perfecto y así avanzar con otras maniobras como arrendamientos, obtención de créditos y especulación inmobiliaria sin cuestionamiento alguno.

Hoy en día, los medios de comunicación aliados del socio político de Masoni, Mauricio Macri, a quien Guillermo le presta sus oficinas ubicadas en calle Libertador, son la plataforma a partir de la cual el empresario prófugo de la justicia, a través de voceros como Patricia Bullrich y Guillermo Pagni, intenta instalar una supuesta persecución del gobierno santiagueño en su contra. Lo cierto es que Masoni con su accionar ha violado todo nuestro ordenamiento jurídico, desde la constitución hasta el código civil y comercial, a través de accionar delictivo.

A pesar de las imputaciones en su contra, Ariel Cingolani y Guillermo Masoni continúan hostigando a la población de la Simona, ahora con la colaboración de Luis Giordanengo, Ivan Ginga, Carolina Escalada, el encargado de los Mimbres S.A. conocido en la zona como “Pancho” y otros, mediante todo tipo de avasallamientos en el mismo territorio comunitario y con la presentación de denuncias falsas ante autoridades locales contra los poseedores. Todo esto, intentando desviar la atención de la justicia y “dando letra” al juzgado de Añatuya simulando ser “terceros de buena fe”. Este juzgado fue cómplice en años anteriores de estas maniobras fraudulentas a partir del accionar del juez Álvaro Mansilla, denunciado por los pobladores en varias ocasiones. También la comisaría de Juríes, quienes en los carteles expuestos en su sede agradecen “la Colaboración de los Mimbres S.A.”, han facilitado, en varias ocasiones, los medios para el hostigamiento.

Por lo tanto, como Movimiento Campesino de Santiago del Estero pedimos a la justicia mayor sofisticación en la investigación de delitos complejos como el mencionado, y decimos: BASTA de noticias falsas que desinforman a la población acerca de un conflicto de gran complejidad y que pone en juego los derechos posesorios de las familias, legitimas dueñas de los territorios comunitarios de La Simona. Basta de persecución judicial hacia las familias que defienden sus derechos y las tierras donde nacieron y se criaron. Todo esto, buscando CRIMINALIZAR al Campesinado y a las Organizaciones Sociales, esquivando la discusión del derecho posesorio con el proceso judicial que corresponde. Basta del hostigamiento que sufren las familias en sus propias tierras, en sus propias casas por parte de los encargados de una empresa cuyo dueño hoy está prófugo de la justicia y con pedido de detención vigente. Basta de asociaciones ilícitas armadas para estafar a familias campesinas con el fin de acaparar tierras con fines especulativos y delictivos. Fuera Hermanos Masoni de los territorios comunitarios de La Simona. Fuera Abogado y dirigente provincial del bloque Cambiemos, Rodrigo Posse y todos sus socios políticos que intentan ensuciar el proceso judicial anteponiendo sus objetivos políticos electorales. Basta de Persecución Política a la comunidad campesina de La Simona y al MOCASE”.