Tras un acuerdo, trabajadores de La Hoja donarán tierras a sus legítimos poseedores de Salavina

La comunidad indígena Malota del pueblo tonocoté, del departamento Salavina, en Santiago del Estero, se encuentra en litigio con privados por la posesión de parte de sus tierras. Una porción del territorio que ocupan ancestralmente, en el lote llamado Santa Eulogia, figuraba como propiedad de la empresa Yerba Mate La Hoja, hoy recuperada por sus trabajadores tras el vaciamiento de los antiguos dueños, la familia Martin, responsables de Martin y Cía. Ltda.

La comunidad junto con el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), del que es integrante, entraron en comunicación con la cooperativa y acordaron con los trabajadores la donación de esa porción de tierras a sus legítimos poseedores.

“Es algo insólito, un caso emblemático, esto nunca nos pasó. Siempre aparece un vivo, un empresario y quiere desalojar a las compañeras y compañeros. En este caso, los títulos podrían quedar en manos de una cooperativa que está con todos los trámites y la lucha por recuperar la empresa, y la situación fue totalmente diferente”, sostuvo en diálogo con Canal Abierto Juan Chazarreta, del MOCASE Vía Campesina.

En el interín vuelven a aparecer los viejos dueños de la empresa, los Martin, involucrados con el PRO de Rosario y con el multimedios dueño del diario La Capital. Están denunciando penalmente a los compañeros de la cooperativa intentando volver a hacerse de la empresa, ahora que la firma vuelve a funcionar y las ventas superan a las que tenía La Hoja en manos de los empresarios”.

Yerba La Hoja
Esta reconocida marca de yerba mate arrancó su historia a fines del siglo XIX cuando en 1894 el suizo Julio Ulises Martin fundó un establecimiento yerbatero en San Ignacio, Misiones. En éste, centenares de trabajadores llevaban adelante las tareas de acopio y secado de la incipiente industria. Años más tarde, en 1898, la empresa Martin y Cía. abrió oficinas en Rosario y poco después instaló una planta procesadora en las barrancas del Río Paraná. Para la década del 30, el 25% del mercado de la infusión en el país estaba en manos de La Hoja.

Con los trabajadores al frente, La Hoja logró un crecimiento considerable en las ventas. En 2021 vendió 7.200.000 kilos de yerba y se colocó en el puesto 12º del mercado yerbatero argentino. Entre sus productos manejan varias marcas de yerba mate, mate cocido y té: La Hoja, Insignia, Don Lucas y Palermo.

En acuerdo con el juez de la quiebra los cooperativistas fueron cancelando las deudas contraídas por sus antiguos patrones, principalmente las hipotecas con el Banco Nación, acreedor privilegiado de la quiebra. Con la ayuda del Ministerio de Desarrollo de la Nación, la Cooperativa pagó en cuotas un monto que –actualizado por CER– hoy ronda los 1.500 millones de pesos.

Pero cuando el banco público iba a firmar la extinción de la hipoteca, habilitando a la recuperada a comprar la quiebra, volvió a aparecer en escena Alberto Martin, heredero del fundador y uno de los ejecutivos fundidores de la empresa.

Martin, representado por su hijo Jeremías Martin –integrante del PRO en Rosario y parte de la Comisión del Colegio de Abogados del PRO– y con el apoyo del estudio de abogados Salvatierra –relacionado al manejo del multimedios La Capital y TV Litoral– presentó una denuncia penal y el fiscal Mariano Ríos Artacho acusó a los cuatro miembros del consejo directivo de la Cooperativa y la coadministradora judicial de “defraudación calificada, vaciamiento de empresa y administración infiel”, con la argumentación de que los trabajadores estaban desvalorizando los bienes de la compañía para poder comprar la quiebra a precio vil.

Así las cosas, en diciembre de 2022 la jueza penal Silvia Castelli dictó la medida de no innovar por 180 días y paralizó el proceso de extinción de la hipoteca, compra de la quiebra y la decisión de donar las tierras de Santa Eulogia a la comunidad tonocote, su legítima poseedora.

Castelli fue recusada y el nuevo juez, Nicolás Foppiani, dispuso este jueves 16 de febrero el cese de esa medida y reprendió a la Fiscalía que en dos meses no probó la existencia de la supuesta maniobra que originó la causa.

“Cuando esta gente se dio cuenta de que no había forma de parar a la Cooperativa que estaba a punto de cancelar la hipoteca, entraron en una desesperación gigante y empezaron a embarrar la cancha, no solamente en lo civil, sino que utilizaron la Justicia penal con mentiras, como quedó demostrado en la audiencia –explica Macellari–. Hicieron que un fiscal y una jueza que no habían leído nada prohibieran la escritura con una medida dictada el 12 de diciembre, el mismo día que estábamos a punto de ir a la escribanía a firmar la posesión de derechos y acciones de la hipoteca para que la Cooperativa se convierta en la mayor acreedora de la quiebra”.

La abogada también destacó el trabajo del abogado Héctor Superti, quien representó penalmente a los cooperativistas, para desmantelar la estrategia de los Martin y sus letrados. “El Banco dijo: ‘la Cooperativa me terminó de pagar, hay que cederles a ellos el crédito de la hipoteca’. Eso nos da a nosotros la posibilidad, al momento de comprar, de decir: la cooperativa tiene los créditos laborales, tiene esta hipoteca y tiene esto que invirtió en la infraestructura, el resto lo pondremos en efectivo”, agregó.

Más que una cooperativa
En las 2.800 hectáreas que La Hoja tiene en San Ignacio, de las cuales explota con yerbales 900, viven en la selva comunidades guaraníes. Las 1.800 hectáreas de Santiago del Estero están pobladas por comunidades originarias tonocotes.

“Que la Cooperativa pueda llegar a comprar los activos de esta quiebra no es solamente mantener fuentes de trabajo, es mantener paz social, es mantener comunidades indígenas en el lugar donde deben estar, en sus propias tierras, es mantener un montón de cosas. En San Ignacio, además de las ruinas jesuíticas no existe nada, por lo tanto si no es ahí no hay donde ir a trabajar”, concluye la abogada.

Las tierras de Santiago del Estero, que según el síndico de la quiebra están deshabitadas, fueron “compradas” en los 60 por los Martin pero nunca fueron a tomar posesión de las mismas. Como este territorio está en la quiebra, estas comunidades nunca tuvieron, hasta aquí, problemas ni intentos de desalojo.

Fuente: https://canalabierto.com.ar/