Por trata y explotación laboral: rescatan a 17 víctimas santiagueñas en Córdoba
Entre ellas hay al menos nueve menores de edad, todos oriundos de Villa Atamisqui. Tres productores agropecuarios fueron procesados por el caso.
El juez federal N° 2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes, dictó el procesamiento de tres productores agropecuarios acusados de integrar una red de trata y explotación laboral en el norte cordobés. Se trata de Juan Rodolfo Caprioglio, Mario Caprioglio y Mario Antonio García, quienes fueron imputados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la cantidad de víctimas y por la participación de menores de edad.
Según la resolución judicial, las 17 personas rescatadas —nueve de ellas menores— son oriundas de Villa Atamisqui, en la provincia de Santiago del Estero. Como medida cautelar, el magistrado ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre los bienes de los acusados. A pesar de las pruebas reunidas, los tres negaron haber cometido los delitos.
El inicio de la investigación
La causa se inició en 2022, a partir de una denuncia realizada a la línea 145, el canal oficial para reportar casos de trata de personas. Un hombre santiagueño advirtió que sus dos hijos, de 16 y 18 años, junto a un sobrino, habían sido trasladados a una finca en Paso Viejo, departamento Cruz del Eje, para trabajar en la cosecha de papas.
De acuerdo con la investigación, Mario Antonio García habría sido el encargado de captar a las víctimas en Villa Atamisqui. Les prometía alojamiento digno, alimentación adecuada y un salario justo, aprovechándose de la situación de vulnerabilidad económica de las familias. Sin embargo, las condiciones reales eran de extrema precariedad.
Condiciones inhumanas
Al llegar al predio rural, los trabajadores fueron hacinados en una vivienda pequeña y deteriorada, sin servicios básicos ni seguridad eléctrica. El lugar contaba con una letrina sin techo y una puerta improvisada con nailon.
Las jornadas laborales eran extenuantes, sin descansos ni herramientas adecuadas. Los trabajadores debían dormir sobre colchones sucios colocados en el suelo, sin frazadas ni elementos de higiene.
Los informes de los equipos de rescate y los testimonios de las víctimas confirmaron un cuadro de explotación sistemática, donde se violaban derechos laborales y humanos básicos.
Avances judiciales
El fallo del juez Sánchez Freytes destaca que los tres imputados actuaron de manera coordinada para reclutar, trasladar y someter a las personas a condiciones de servidumbre y explotación laboral. La causa continúa en etapa de instrucción y podría derivar en un juicio oral federal por trata de personas agravada, un delito que contempla penas de hasta 15 años de prisión.
Las víctimas fueron asistidas por el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, y actualmente reciben apoyo psicológico y social para su reinserción.
