Procesaron a 9 acusados por asociación ilícita y lavado de activos en una causa similar al caso Peta
La Fiscalía santiagueña sigue investigando la millonaria estafa de la plataforma Peta, con paralelismos alarmantes en otras provincias del país.
Hace poco más de un mes, la plataforma de inversiones Peta cesó sus operaciones, dejando a más de 80 mil santiagueños sin acceso a sus fondos y evidenciando una de las mayores estafas financieras en la provincia. Desde entonces, la Fiscalía de Delitos Complejos de la Circunscripción Capital ha intensificado las investigaciones para desentrañar la compleja red detrás de este fraude.
Mientras los expertos en ciberdelito trabajan en profundizar la investigación, se ha conocido un fallo reciente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán que guarda similitudes con el caso de Peta. En esta ocasión, la Justicia Federal de Catamarca investiga una empresa con un modus operandi casi idéntico, que también dejó a miles de personas sin sus ahorros.
El fallo judicial y las imputaciones
La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en respuesta a un recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, ha revocado la falta de mérito de nueve personas y ordenado su procesamiento por asociación ilícita. Además, seis de ellas fueron imputadas por lavado de activos, un delito que agrava la situación de los implicados. En este caso, la firma bajo investigación habría cometido delitos que afectaron el orden financiero y económico de la provincia de Catamarca.
La investigación se originó a partir de una denuncia contra los responsables de la empresa «Adhemar Capital SRL». Las pruebas recolectadas indicaron que una firma relacionada, «RT Inversiones SRL», estaría involucrada en intermediación financiera no autorizada y estafas, replicando un esquema similar al de Peta en Santiago del Estero.
El caso en detalle
El fiscal encargado del caso, Gómez, explicó que los responsables de «RT Inversiones SRL» diseñaron una estructura societaria destinada a captar divisas, tanto en dólares estadounidenses como en pesos argentinos, con la promesa de invertirlas en criptomonedas y garantizar un retorno con intereses inusuales para el mercado. Esta oferta tentadora atrajo a una gran cantidad de inversores, quienes confiaron sus ahorros a la empresa, solo para descubrir que se trataba de un esquema fraudulento.
El estallido de esta «burbuja financiera» no solo causó un daño significativo a los inversores, sino que también tuvo repercusiones en la economía de Catamarca, afectando el flujo financiero en la región. Gómez enfatizó que las maniobras ilícitas de los imputados no solo engañaron a los inversores, sino que también perjudicaron la economía nacional al evadir los mecanismos de control institucional y permitir la salida de activos del mercado local.
El fiscal subrayó que la estructura societaria montada por los acusados les permitió acceder a un flujo considerable de dinero, parte del cual fue reintroducido en el mercado financiero formal, lo que evidencia claramente los delitos de asociación ilícita y lavado de activos. Por este motivo, solicitó el procesamiento de los imputados, argumentando que las pruebas demuestran que se utilizaron fondos de origen dudoso para operar en el mercado financiero, tratando de dar una apariencia de legalidad a las operaciones.
La decisión de la Cámara Federal
Los jueces Mario Rodolfo Leal, Ricardo Sanjuan, Fernando Povina, junto con las juezas Marina Cossio y Patricia Moltini, dictaminaron que «RT Inversiones SRL» se dedicaba a captar dinero de particulares de manera habitual, con la promesa de invertir en criptomonedas y obtener altos márgenes de ganancia, muy por encima de los ofrecidos por instituciones financieras legalmente constituidas. Sin embargo, la empresa no estaba autorizada por el organismo competente para realizar tales operaciones.
Los jueces destacaron que los socios de «RT Inversiones» y otros miembros activos de la empresa engañaron deliberadamente a los inversores para obtener sus fondos, sabiendo que no podrían cumplir con las promesas de altos intereses. Por este motivo, se ordenó el procesamiento de nueve personas por su participación en la asociación ilícita. Siete de ellos ya habían sido procesados por intermediación financiera, y seis fueron además imputados por lavado de activos.
El tribunal también señaló que la legislación vigente impide movimientos de dinero en efectivo en las dimensiones manejadas por «RT Inversiones», exigiendo que dichas transacciones se realicen a través de canales bancarizados. Uno de los imputados fue señalado como el responsable de recibir el dinero físico y convertirlo en criptomonedas, «lavando» así los fondos obtenidos de manera ilícita.
Finalmente, el tribunal ratificó la falta de mérito para 19 de los investigados en este tramo de la causa, concluyendo que no existían suficientes elementos para procesarlos. No obstante, este fallo marca un precedente importante en la lucha contra las estafas financieras y el lavado de activos, destacando la necesidad de un mayor control y supervisión en el ámbito de las inversiones y las criptomonedas.
