Caputo concesionó casi 4.000 kilómetros de rutas, incluidas las nacionales 9 y 34, pero crece la polémica por la falta de nuevas autovías
El Gobierno nacional entregó ocho corredores a empresas privadas por un plazo de veinte años. Dos de los tramos atraviesan Santiago del Estero. Aunque las concesionarias podrán cobrar peajes, los compromisos se concentran principalmente en tareas de conservación y no contemplan la transformación integral de las rutas 9 y 34.
El Gobierno de Javier Milei avanzó con una nueva etapa de su política vial y adjudicó al sector privado casi 4.000 kilómetros de rutas nacionales. La medida alcanza directamente a Santiago del Estero, ya que comprende corredores estratégicos de las rutas nacionales 9 y 34.
La decisión fue formalizada por el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante la Resolución 1379/2026. En total, se concedieron ocho tramos por un período de veinte años, durante el cual las empresas adjudicatarias estarán habilitadas para instalar estaciones y cobrar peajes.
Desde el Ejecutivo nacional presentaron la medida como un cambio estructural basado en la inversión privada. Caputo aseguró que, con esta adjudicación, se completaron más de 9.000 kilómetros distribuidos en 16 corredores y prometió que todos estarán con trabajos en marcha hacia finales de septiembre.
Sin embargo, el anuncio abrió una fuerte discusión política y federal. Los pliegos priorizan trabajos de mantenimiento, como reparación de baches, conservación de banquinas, corte de pasto, limpieza, señalización y repintado de las líneas de calzada. En cambio, no incluyen un programa integral para duplicar calzadas, construir nuevas autovías o sumar terceros carriles en los sectores más transitados.
Dos corredores clave para Santiago del Estero
La provincia quedó alcanzada por dos de las concesiones más importantes de esta tercera etapa de la Red Federal de Concesiones.
El tramo Centro Norte comprende 536,43 kilómetros de la Ruta Nacional 34 entre Santa Fe y Santiago del Estero. Fue adjudicado a José Cartellone Construcciones Civiles, cuya propuesta establece una tarifa de referencia de $2.631,75 cada cien kilómetros, con impuestos incluidos.
De acuerdo con los cálculos difundidos, recorrer la totalidad de este corredor representaría un costo aproximado de $14.118, aunque el valor deberá actualizarse porque las ofertas fueron elaboradas con precios de julio de 2025.
Por otra parte, el tramo Noroeste abarca 596,52 kilómetros de las rutas nacionales 9, 34, 66, 1V66 y A-016, en territorios de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy. La concesión quedó en manos de Autovía Construcciones y Servicios, asociada con Vapeu y Guigivan.
También fue adjudicado el tramo Centro, compuesto por 681,92 kilómetros de las rutas 9, 19 y 34 en Santa Fe y Córdoba. Incluye la autopista Rosario-Córdoba y la autovía de la Ruta 19 entre Santo Tomé y el límite cordobés.
Peajes durante veinte años y obras limitadas
El aspecto más cuestionado del esquema es la diferencia entre el extenso plazo de explotación otorgado a las empresas y el alcance de las inversiones obligatorias.
Las concesionarias deberán mantener las calzadas, reparar sectores deteriorados, conservar las banquinas, renovar la señalización y prestar servicios de asistencia. No obstante, las obligaciones difundidas no contemplan la conversión general de las rutas 9 y 34 en autovías dentro del territorio santiagueño.
Se trata de una ausencia significativa para Santiago del Estero. La Ruta Nacional 34 concentra gran parte del transporte de cargas del norte argentino y atraviesa numerosas localidades, con sectores de calzada única donde se registran permanentemente siniestros viales.
Desde hace décadas, sectores políticos, productivos y sociales reclaman la construcción de una autovía sobre esta traza para separar los sentidos de circulación y ofrecer mayor seguridad. La nueva concesión garantiza mantenimiento y habilita el cobro de peajes, pero no resuelve ese pedido estructural.
Un debate que llega a las provincias
El Gobierno nacional sostiene que el sistema permitirá mejorar las rutas sin utilizar recursos del Estado y trasladará los costos de mantenimiento al sector privado. Desde esa perspectiva, el usuario financiará el servicio mediante el pago de peajes.
La discusión, sin embargo, pasa por determinar si conservar la infraestructura existente resulta suficiente ante el crecimiento del tránsito pesado y el deterioro acumulado durante años.
Para Santiago del Estero, la adjudicación abre un interrogante central: durante los próximos veinte años habrá empresas privadas administrando y cobrando por circular en corredores estratégicos, pero sin que esté asegurada la construcción de las nuevas autovías que la provincia necesita.
Un informe privado estimó que las concesionarias de los más de 9.000 kilómetros incluidos en las tres etapas podrían recaudar alrededor de 6.700 millones de dólares durante la vigencia de los contratos. Frente a esa proyección, crecen los cuestionamientos por la falta de obras de gran escala y por el impacto que los nuevos peajes tendrán sobre transportistas, productores y usuarios particulares.
La información oficial sobre los corredores y sus extensiones puede consultarse en la Red Federal de Concesiones de Vialidad Nacional.




