Preocupación vecinal en Icaño por un basural a cielo abierto: reclaman intervención provincial
Vecinos de la zona oeste de la localidad de Icaño, departamento Avellaneda, expresaron su profunda preocupación por la apertura y funcionamiento de un basural a cielo abierto en cercanías de viviendas familiares. Ante la situación, solicitaron la intervención urgente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación, Tierras y Medio Ambiente de la provincia.
De acuerdo con lo manifestado, el predio ya se encuentra en funcionamiento efectivo, con descargas regulares de residuos. En los últimos días, además, comenzaron a registrarse quemas de basura, lo que genera humo, olores intensos y la posible emisión de gases tóxicos. Esta situación, señalaron, afecta de manera directa la salud y la calidad de vida de quienes residen en el sector.
“La situación es alarmante. Hay familias, niños y personas mayores viviendo a pocos metros del basural. El humo y el olor ya se sienten, y el riesgo sanitario es evidente”, expresaron vecinos afectados.
Según indicaron, no se habría informado públicamente la realización de estudios de impacto ambiental, la existencia de autorizaciones formales ni la apertura de instancias de participación ciudadana, requisitos establecidos por la normativa ambiental vigente. Asimismo, advirtieron que la quema de residuos a cielo abierto agrava el daño ambiental, con posibles consecuencias sobre la calidad del aire, el suelo y las napas subterráneas.
Los vecinos detallaron que el pasado 26 de enero presentaron dos reclamos formales ante el comisionado municipal de Icaño, Miguel Bernat, solicitando el cese inmediato de la actividad. Sin embargo, ante la falta de respuestas concretas, decidieron elevar el planteo a las autoridades provinciales y dar visibilidad pública al conflicto.
En la presentación realizada ante el Ministerio, los firmantes adjuntaron registros fotográficos que documentan la actividad del basural y su proximidad con zonas habitadas. En la nota, solicitaron la intervención urgente del Estado, la verificación de la legalidad ambiental del predio y la adopción de medidas que garanticen una gestión adecuada de residuos, sin poner en riesgo la salud de la población.
