La Justicia obligó a intervenir la Ruta 34 en Salta y crece la expectativa por un fallo similar en Santiago del Estero

Mientras la Justicia Federal de Tartagal ordenó al Estado nacional reparar de manera urgente un tramo crítico de la Ruta Nacional 34 en Salta, en Santiago del Estero crece la expectativa —y también la impaciencia— por una decisión de similar magnitud que obligue a intervenir en el deteriorado corredor que une la provincia con Santa Fe. El tramo santiagueño, que atraviesa departamentos clave como se encuentra desde hace años en un estado que usuarios describen como “alarmante”, con baches profundos, calzada deformada y banquinas prácticamente inexistentes en varios kilómetros.

La Ruta 34 es una de las principales arterias del NOA, vital para la producción agrícola, ganadera e industrial, y uno de los corredores más transitados del país. Sin embargo, su mantenimiento se ha visto gravemente afectado por el recorte de la obra pública implementado por la gestión nacional, generando condiciones que hoy representan un riesgo para miles de santiagueños que la transitan a diario.

Paralelismo con la decisión judicial en Salta

El reciente fallo de la jueza federal Ivana Hernández, que ordena a la Dirección Nacional de Vialidad realizar obras urgentes entre Yuto (Jujuy) y Salvador Mazza (Salta), expuso con claridad el colapso estructural de ese tramo: pozos, banquinas erosionadas, falta de señalización, alcantarillas obstruidas y un nivel de peligro creciente.
En Santiago del Estero, la situación no es muy distinta.

En tramos como La Banda–Fernández, Pinto–Malbrán, o la zona cercana a Vilmer y Forres, los transportistas hablan también de un “mapa de cráteres”. Durante lluvias intensas, algunos sectores quedan prácticamente intransitables, obligando a maniobras riesgosas y provocando siniestros que podrían evitarse con un mantenimiento básico.

Una espera que se prolonga

La Dirección Nacional de Vialidad, al igual que en el caso salteño, ha reconocido limitaciones presupuestarias y operativas. La falta de asfalto caliente, licitaciones desiertas, contratos paralizados y demoras en la aprobación de proyectos impactaron de lleno en la provincia.
Desde diciembre del año pasado, más de 2.500 obras públicas quedaron frenadas en el país, y Santiago no fue la excepción: se paralizaron trabajos previstos en rutas nacionales, accesos a localidades productivas y obras de seguridad vial.

Los municipios santiagueños ubicados sobre el corredor —como Fernández, Forres, Beltrán o La Banda— señalan que la falta de intervención genera perjuicios económicos directos. Retrasos en el transporte de mercadería, roturas constantes de vehículos y mayores costos logísticos afectan tanto a productores como a comerciantes y empresas de transporte.

Una problemática que también afecta vidas

Más allá de lo económico, la preocupación principal sigue siendo la seguridad. Ambulancias, vehículos particulares y camiones deben sortear baches profundos en zonas muy transitadas, donde la ausencia de señalización y la precariedad de las banquinas multiplican los riesgos.
En diferentes oportunidades, vecinos, organizaciones y autoridades locales elevaron reclamos formales, pero sin respuestas concretas por parte de la Nación.

Santiago del Estero mira el fallo de Salta como un precedente

El dictamen judicial de Tartagal podría convertirse en un antecedente para otros distritos del país, incluido Santiago del Estero, donde sectores políticos y sociales evalúan la posibilidad de recurrir a la Justicia para exigir medidas similares.
Si un juzgado reconoció que el mal estado de la ruta pone en riesgo derechos fundamentales como la vida, la integridad física y la salud, los santiagueños sostienen que esa misma interpretación es válida para lo que ocurre entre nuestra provincia y Santa Fe.

Un corredor clave que no puede esperar más

La Ruta Nacional 34 es una columna vertebral para el NOA y el NEA. Su abandono no solo implica deterioro de infraestructura, sino pérdida de competitividad, aislamiento y riesgo permanente para quienes la transitan.
El discurso oficial de que “la obra pública era un robo” queda desmentido cuando se observan las consecuencias concretas del desfinanciamiento: rutas destruidas, accidentes evitables y comunidades productivas paralizadas.