Histórico acuerdo en Rumi Pozo: después de 42 años, una comunidad logró la regularización de 427 hectáreas
El paraje Rumi Pozo, en el departamento Ojo de Agua, vivió una jornada histórica con la firma de las escrituras traslativas de dominio que oficializaron la cesión de 427 hectáreas a favor de las familias de la comunidad, poniendo fin a un conflicto territorial que se extendió durante 42 años.
El acuerdo se concretó gracias al trabajo articulado impulsado por el Gobierno de Santiago del Estero, a través del Ministerio de la Producción, mediante una intensa tarea de diálogo, mediación y construcción de consensos que permitió alcanzar una solución definitiva con plena seguridad jurídica para todas las partes.
En este proceso fue determinante la intervención de la Dirección General de Agencias de Desarrollo Territorial, encabezada por Claudio Nicolau, cuyo equipo desempeñó un papel clave en la coordinación de las negociaciones entre los pobladores y el empresario Alejandro Saillen, propietario de las tierras. La labor de las Agencias de Desarrollo permitió acercar posiciones, generar confianza y construir los acuerdos necesarios para concretar una solución largamente esperada.
El trabajo territorial contó además con el acompañamiento de la Dra. Noelia Zanichelli, de la Dirección General de Bosques y Fauna, y con el respaldo de referentes de las Reservas Campesinas del departamento Ojo de Agua, quienes participaron activamente durante todo el proceso de regularización.
La trascendencia del acontecimiento quedó reflejada en la presencia de la intendenta de Villa Ojo de Agua, Mónica Bustamante, quien acompañó a las familias beneficiarias y destacó el valor social e institucional de este logro, que brinda tranquilidad, estabilidad y nuevas oportunidades de desarrollo para los pobladores de la zona.
La firma de las escrituras representa mucho más que un acto administrativo. Significa el reconocimiento de derechos para decenas de familias que durante más de cuatro décadas vivieron en un escenario de incertidumbre. Con la titularización de las tierras, la comunidad podrá proyectar su futuro con mayor seguridad, acceder a programas de desarrollo productivo y fortalecer el arraigo rural.
Este histórico acuerdo también pone en valor la importancia del diálogo institucional y del trabajo conjunto entre el Estado, los actores privados y las comunidades, consolidando una política pública orientada a resolver conflictos históricos y promover el desarrollo territorial con inclusión, seguridad jurídica y paz social.
