La Nación construirá cisternas en Real Sayana, Lugones y Herrera

Reducir las brechas históricas de acceso al agua y el saneamiento de quienes habitan en comunidades rurales dispersas es el principal objetivo de este Programa aprobado por Resolución 37/2022 del Ministerio de Obras Públicas y que ya está en marcha en varias provincias del país.

En Argentina, para el año 2020, el 20,1% de la población todavía no accedía a fuentes seguras de agua potable y un 43,9% tenía déficit en saneamiento. En las zonas rurales dispersas, esas brechas se amplifican dramáticamente y la situación afecta al 37,6% de la población que no tiene agua potable en su vivienda y un 65,2% sin acceso a saneamiento, incluyendo un 18% que utiliza hoyos, excavación o defecación al aire libre.

En ese sentido, este Programa sienta un precedente porque focaliza su atención en brindar soluciones alternativas para el acceso al agua y el saneamiento a poblaciones que habitan en zonas rurales dispersas.

“Este programa se lleva adelante a través de la ejecución de obras de sistemas de gestión familiar para el acceso al agua y al saneamiento seguros, a través de la colaboración y articulación con gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil.

El acceso al agua y al saneamiento son problemáticas sociales que requieren de soluciones particulares y situadas. Para brindar acceso a estos servicios y contribuir desde la gestión estatal a la construcción de territorios sustentables, es necesario realizar inversiones que no están al alcance de la mayoría de las familias, por lo que se requiere inversión pública”, detalla el ingeniero civil José María Regueira, a cargo de la DNAPyS.

Hidroarsenicismo

En el ámbito rural disperso es un espacio de intervención complejo: a la escasez de agua se suma el aislamiento geográfico y el nivel de dispersión de las comunidades, por los kilómetros de distancia que existen entre las viviendas, lo que impide la implementación de tecnologías convencionales como las redes de agua. A su vez, muchas de estas zonas rurales presentan Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE), es decir, el agua subterránea contiene arsénico en un nivel mayor al recomendado, y también gran presencia de salitres, por lo que las perforaciones para obtener agua no son una alternativa posible para el consumo humano.

“El almacenamiento y reserva de agua para la temporada seca es una estrategia antigua y crucial para la vida en regiones semiáridas, de modo que implementar sistemas de cosecha y almacenamiento de agua de lluvia tiene un impacto significativo en tanto responde a una práctica ya realizada por las familias”, explica María Hernández, ingeniera civil y coordinadora del Programa Agua en Comunidades Rurales de Ingeniería Sin Fronteras Argentina (ISF-Ar), una de las organizaciones de la sociedad civil con las que la DNAPyS articula en los territorios.

Desde el año 2012 esta asociación civil lleva adelante proyectos comunitarios de acceso al agua en Santiago del Estero, una de las provincias con mayores niveles de criticidad, según el mapa

de vulnerabilidad elaborado por la DNAPyS. La falta de acceso al agua y el saneamiento afecta principalmente a las mujeres y niñas, quienes, por las desigualdades de género respecto a las tareas de cuidado, son las principales encargadas de la gestión del agua hasta los hogares.

En este sentido, el Programa contempla a perspectiva de género de forma transversal para reducir esa brecha. Contar con sistemas de acceso al agua repercute de manera positiva en la autonomía de mujeres y niñas y en el tiempo disponible para actividades productivas o educativas. A su vez, un acceso a servicios de saneamiento de mayor calidad ofrece una mejora inmediata en la gestión menstrual, la privacidad y la seguridad en general de las mujeres.

Por las particularidades de la región, el desarrollo de pequeñas obras de infraestructura domiciliaria como los sistemas familiares de captación y almacenamiento de agua de lluvia, pueden brindar acceso a estos servicios y contribuir desde la gestión estatal a la construcción de territorios sustentables.

Los sistemas que se construyen están formados por una cisterna o aljibe de almacenamiento de 16.000 litros, un techo de captación y canaletas con las que se recolecta el agua, un sistema de separación de primeras aguas y una bomba manual para extracción del agua almacenada.

A su vez, esta política pública tiene un componente muy importante que es promover la creación de empleo a través de la contratación de trabajadores de la zona para cada obra.

“Con estas obras se busca facilitar el acceso al agua en comunidades rurales dispersas, reducir la brecha de género profundizada por la falta de acceso al agua y al saneamiento y también promover la creación de empleo a través de la contratación de trabajadores de la zona”, señala José María Regueira.

En este sentido, “este tipo de intervenciones presentan grandes portunidades, ya que promueven el acceso a un derecho humano fundamental y, por otro lado, fortalecen y dinamizan las economías locales”, explica María Hernández.

La articulación entre la DNAPyS, los gobiernos locales e Ingeniería Sin Fronteras Argentina comenzó con el relevamiento de más de 1300 hogares que la asociación civil realizó junto con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI, ahora INAFCI) en 2021, en la cual se pudo identificar la magnitud del problema y ubicar a las comunidades con altos niveles de vulnerabilidad y urgencia.

“Este Programa es el resultado de todo lo que puede lograrse cuando el Estado y las organizaciones sociales se encuentran”, concluye la coordinadora de ISF-Ar.

Actualmente se está trabajando en los municipios de Real Sayana, Lugones y Herrera, ubicados en el departamento Avellaneda, al sur de la provincia de Santiago del Estero.

Con una inversión de $247.195.551, se van a construir 81 sistemas, generando un cambio significativo en la vida de 314 personas.

Hasta el momento se llevan construidos 20 sistemas para almacenar agua de lluvia y a fin de año se estima finalizar los sistemas de agua restantes. Los proyectos se implementan con participación de las familias a través de asambleas comunitarias, material informativo, canales de comunicación directa, talleres de capacitación en gestión del agua y acompañamiento social durante todo el proceso.