Ajuste fiscal y vacío territorial: una decisión que vuelve a golpear al interior profundo
La disolución del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena por decisión del presidente Javier Milei no es solo una medida administrativa más dentro del programa de ajuste del Estado nacional. En provincias como Santiago del Estero, donde el organismo tenía una presencia histórica y una de sus sedes centrales, la decisión adquiere un peso político, social y territorial mucho más profundo.
El Gobierno justifica la medida con números duros: una estructura sobredimensionada, casi mil empleados, 160 delegaciones, un gasto mensual de $9.000 millones y un esquema donde el 85% del presupuesto se iba en salarios. Bajo la lógica del equilibrio fiscal, el cierre aparece como una corrección necesaria. Sin embargo, el problema no está solo en el diagnóstico —que puede ser debatible o incluso compartido en algunos aspectos— sino en las consecuencias concretas que deja en el territorio.
En Santiago del Estero, el Instituto no era una oficina abstracta de Buenos Aires. Era presencia en el interior profundo, acompañamiento técnico a pequeños productores, trabajo sostenido con comunidades campesinas e indígenas y articulación con programas como los Planes Integrales Comunitarios y proyectos financiados por organismos internacionales. Su desaparición deja un vacío que no se llena con una planilla de Excel.
El discurso oficial sostiene que no hubo reclamos de productores y que la actividad no se verá afectada. Esa afirmación contrasta con la realidad cotidiana del campo santiagueño, donde el pequeño productor no siempre tiene voz en los grandes canales de decisión y donde la asistencia técnica muchas veces es la diferencia entre sostenerse o abandonar la actividad. El mercado por sí solo no suele llegar a esos márgenes, y cuando el Estado se retira sin una alternativa clara, el impacto se siente, aunque no haga ruido inmediato.
La paradoja es evidente: mientras se celebra con razón el crecimiento de las exportaciones de alfalfa y la cosecha récord de girasol, se desarma una herramienta que apuntaba a otro eslabón del mismo sector: el de la agricultura familiar, que no exporta millones, pero sostiene comunidades, arraigo y producción local. El desarrollo rural no es solo volumen y divisas; también es equilibrio social y territorial.
En este nuevo escenario, la responsabilidad recae con más fuerza en la provincia y los municipios. Iniciativas como el compromiso con la Reserva Campesina de Ojo de Agua muestran un intento de sostener políticas de base sin depender exclusivamente de fondos nacionales. Pero la pregunta es inevitable: ¿alcanza con los recursos locales para reemplazar una estructura nacional que, con todas sus falencias, estaba presente en el territorio?
La disolución del Instituto marca un cambio de época. El Estado nacional se retira, achica, concentra y exige resultados medibles. El desafío será evitar que, en nombre de la eficiencia, se pierda lo más difícil de reconstruir: el entramado social del campo, la asistencia técnica cercana y la inclusión de jóvenes rurales en un modelo productivo que no los deje afuera.
El ajuste puede cerrar números, pero si no se acompaña de políticas alternativas reales, corre el riesgo de volver a dejar al interior —y a provincias como Santiago del Estero— pagando un costo que va mucho más allá del presupuesto.
