Suba de retenciones a la harina y aceite de soja. ¿Qué hay detrás del anuncio oficial?

El gobierno nacional anunció una suba en las retenciones al aceite y harina de soja, llevándola al 33 %.
De esta manera, se da marcha atrás con una medida tomada por este mismo gobierno en 2020, que había favorecido a la industria aceitera con una baja de dos puntos para favorecer el procesamiento y exportación de subproductos con valor agregado por sobre la soja a granel.


El gobierno espera recaudar con este aumento 400 millones de dólares y destinarlo a la constitución de un fondo anticíclico para la harina de trigo, denominado Fondo Estabilizador del Trigo Argentino algo similar a lo ya implementado para los aceites y que hasta el momento no ha tenido impacto alguno en la baja de precios.


Cabe señalar que anteriormente ya se había constituido un fideicomiso similar para subsidiar la harina y los fideos secos, que tampoco tuvo impacto en los precios de los mismos.


Esta medida, anunciada con el ya conocido slogan de “cuidar la mesa de los argentinos”, tiene problemas en su concepción que ya han sido expuestos por los diferentes sectores que integran la cadena de comercialización del trigo y la harina.


En primer lugar, el bajo impacto de la harina en la estructura de costos del precio del pan y subproductos. La harina de trigo incide en un 15 a 20% en el precio del pan, algo mínimo comparado con el resto de los costos como insumos, alquiler, mano de obra y sobre todo impuestos y tasas. En el caso de subproductos (facturas, productos envasados, etc.) la incidencia de la harina es aún menor.


En segundo lugar, la enorme burocracia que estos instrumentos llevan consigo. La industria molinera de trigo, beneficiaria de esta medida, debe vender la harina al precio establecido por el gobierno, el cual debe hacer una auditoría de las cantidades vendidas, verificar la entrega y facturación, y luego dar la orden para pagar la diferencia con el precio real. Cabe señalar que en Argentina existen 160 molinos de harina distribuídos en todo el territorio nacional, lo cual hace esta medida poco menos que impracticable.


En tercer lugar, la falta de transparencia en el uso de los fondos. Los fideicomisos constituídos, como en este caso, son de difícil control social, no tienen la información disponible como en el caso de los fondos presupuestarios, e incluso están fuera de los organismos de control del propio Estado.


En cuarto lugar, subsidia a todos los consumidores sin ningún tipo de categorización, al igual que lo que ocurre con los subsidios a la energía (luz y gas principalmente). Es decir que, de tener algún resultado positivo, se beneficiarán tanto los consumidores de bajos recursos como los sectores mas altos.


Una alternativa a esto último, es utilizar la Tarjeta Alimentar, que llega solamente a los sectores sociales más bajos, para establecer este tipo de subsidio, lo cual ha sido oportunamente sugerido al gobierno.
De esta manera, estamos ante una nueva medida que lamentablemente está destinada a fracasar mientras vemos como la inflación sigue aumentando mes a mes sin que se haga nada al respecto.

Por Ruben Kleiman

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