Comisionado de Fortín Inca pidió no ir preso tras ser acusado de malversación
En Fortín Inca podría marcar un antes y un después. Envuelve al comisionado municipal de Fortín Inca, Elvio Leonel Rodrigo, comienza a cobrar una fuerte resonancia en el ámbito político y judicial santiagueño
El caso que envuelve al comisionado municipal de Fortín Inca, Elvio Leonel Rodrigo, comienza a cobrar una fuerte resonancia en el ámbito político y judicial santiagueño. Acusado de malversación de fondos públicos, el dirigente del departamento Belgrano solicitó ante la Justicia Federal una exención de prisión, lo que derivó en la suspensión de su declaración indagatoria prevista para este miércoles.
La presentación fue realizada por su abogado defensor, Juan José Sain, durante la noche del martes. El recurso, conocido como «eximición de prisión», busca evitar una detención preventiva mientras avanza el proceso, argumentando que no existen riesgos procesales como fuga o entorpecimiento de la causa. La estrategia defensiva fue aceptada provisoriamente, y por ello la Justicia Federal decidió abrir un nuevo cuadernillo judicial y postergar la indagatoria hasta que se resuelva el pedido.
La causa no es menor. Rodrigo es investigado junto a la diputada provincial y contadora Alicia Vázquez, referente del Frente Patriótico Laborista. Ambos están sospechados de haber desviado fondos nacionales destinados a obras públicas en Fortín Inca. La denuncia original fue radicada en 2023 y activó una investigación encabezada por el fiscal federal Pedro Simón, que trabaja con su equipo en la recolección de pruebas y testimonios.
Uno de los puntos más contundentes del proceso se produjo el pasado 18 de julio, cuando por orden del juez federal Sebastián Argibay se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos. Gendarmería Nacional requisó la casa del comisionado Rodrigo, el domicilio y estudio contable de la diputada Vázquez, y otras dependencias. De esos procedimientos surgieron elementos clave: documentación de obras, celulares, computadoras, cheques y facturas, con un valor estimado de 80 millones de pesos en movimientos bajo sospecha.
En un contexto donde las demandas ciudadanas por transparencia son cada vez más fuertes. Mientras se espera una audiencia clave en los próximos días, donde se definirá si el comisionado podrá seguir el proceso en libertad, en Fortín Inca crece el murmullo popular y político: lo que está en juego no es solo el destino de un funcionario, sino la credibilidad de las instituciones en uno de los municipios más pequeños, pero ahora más observados, de la provincia.
