Golpe al corazón agrícola de General Taboada: frenaron el presunto robo de maíz valuado en $223 millones

La Justicia santiagueña intervino en una compleja disputa rural y evitó que una millonaria cosecha de maíz fuera retirada presuntamente de manera clandestina de un establecimiento ubicado en una de las principales zonas agrícolas del departamento General Taboada.

El procedimiento se desarrolló durante el sábado en el campo conocido como “Las Víboras”, situado en el paraje La Nena, jurisdicción de Los Juríes. Allí se encontraban alrededor de 425 toneladas de maíz, cuyo valor fue estimado en más de $223 millones.

La magnitud económica de la producción y el clima de tensión obligaron a desplegar oficiales de Justicia, efectivos de la Departamental N°13 y personal del Cuerpo Guardia de Infantería. También participaron empresarios, abogados y trabajadores encargados de levantar y transportar la cosecha.

Una millonaria producción en disputa

La denuncia fue presentada por el empresario santafesino Gustavo Ricardo Fain, quien manifestó que la firma Fain Hnos. S.A., con sede en Villa Minetti, arrienda desde 2008 un campo de aproximadamente 221 hectáreas.

Según su presentación judicial, la empresa había sembrado maíz y se disponía a iniciar la cosecha cuando encontró personas ocupando el predio e impidiendo el ingreso y la extracción de la producción.

Fain, asistido por el abogado Fructuoso Rodríguez, denunció en la Fiscalía de Añatuya los supuestos delitos de “usurpación y amenazas calificadas por el uso de armas”. La presentación habría involucrado a varias personas oriundas de Santa Fe y Buenos Aires.

De acuerdo exclusivamente con la versión del denunciante, el grupo señalado habría planeado ingresar durante el fin de semana con una cosechadora para realizar una “trilla clandestina”, retirar el cereal y trasladarlo hacia Santa Fe, aprovechando la reducción de la actividad judicial.

La orden de la Justicia

Ante la gravedad de los hechos denunciados, la jueza de Control y Garantías Ana María González Ruiz dictó una medida cautelar y ordenó el allanamiento del establecimiento.

La resolución autorizó el ingreso al campo con el objetivo específico de levantar, recolectar y transportar la cosecha, bajo una estricta custodia policial. Durante el procedimiento, dos hombres que permanecían como serenos fueron retirados del lugar.

Según trascendió, dentro del establecimiento habría personas armadas. Sin embargo, la llegada de una importante cantidad de efectivos permitió controlar la situación sin que se produjeran enfrentamientos.

La investigación quedó registrada en el legajo N°3130/226. En las actuaciones aparece denunciado Agustín Isabelino Vivas por supuestas amenazas y usurpación, según informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

Tres trilladoras y un operativo de gran magnitud

Para completar el levantamiento de la producción ingresaron al establecimiento tres máquinas trilladoras, tres tractores con tolvas y 12 camiones.

La cosecha se realizó sobre unas 90 hectáreas en medio de una fuerte vigilancia. Las tareas se extendieron durante varias horas, hasta que los vehículos partieron con destino a Villa Minetti, provincia de Santa Fe, donde el cereal fue llevado a instalaciones vinculadas con la firma denunciante.

Las fuentes señalaron que cada camión tenía una capacidad aproximada de 28 toneladas. No obstante, esa cifra arrojaría un total de 336 toneladas, por debajo de las 425 mencionadas inicialmente en el expediente, una diferencia que deberá ser precisada oficialmente.

Una disputa que sacude a la zona agrícola

El caso generó una fuerte conmoción en Los Juríes y el sudeste santiagueño, una región donde la agricultura constituye uno de los principales motores económicos y productivos.

La disputa no se limita a determinar quién podía cosechar el maíz. El conflicto central está relacionado con la tenencia, el arrendamiento y la documentación correspondiente al establecimiento rural.

Mientras Fain sostiene que posee un contrato legal de arrendamiento, la parte desplazada durante el operativo también alegaría contar con documentación que respaldaría sus derechos sobre el campo. Por ese motivo, la discusión continuará ahora en los tribunales de Añatuya.

La Justicia deberá analizar la validez de los documentos aportados por cada sector, determinar quién tiene derechos legítimos sobre el inmueble y establecer si existieron efectivamente maniobras de usurpación, amenazas con armas y un intento de apropiación clandestina de la cosecha.

Por el momento, no existen condenas y las personas denunciadas conservan su estado de inocencia hasta que la investigación determine las responsabilidades correspondientes.