Detuvieron a una falsa gestora acusada de cobrar más de $3,6 millones con la promesa de viviendas del IPVU
La mujer habría solicitado hasta $800.000 por persona y sumas adicionales para supuestamente agilizar la firma de documentación. Varias familias se endeudaron para pagarle. La Justicia investiga la maniobra y advierten que las viviendas sociales no se adjudican mediante intermediarios ni pagos particulares.
Una mujer fue detenida durante un allanamiento realizado en el barrio Mama Antula de la ciudad de La Banda, acusada de montar una presunta estafa mediante la promesa de gestionar viviendas del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), crear organizaciones no gubernamentales y obtener beneficios sociales.
La investigación se encuentra a cargo del fiscal Hugo Herrera, con intervención de la instructora Nieves Bravo, y comenzó luego de una denuncia presentada el pasado 29 de junio por una joven de 28 años.
Según consta en la causa, la denunciante habría conocido a la sospechosa, identificada como Verónica González, a través de una persona vinculada a una iglesia. La mujer le habría sido presentada como una supuesta “gestora política” con contactos suficientes para tramitar la conformación de una ONG y realizar diligencias ante diferentes organismos provinciales.
A partir de ese momento comenzaron las entregas de dinero. Posteriormente, la acusada habría ampliado sus ofrecimientos y asegurado que podía facilitar la adjudicación de viviendas del IPVU, conseguir bolsones de alimentos y promover proyectos productivos y laborales.
Pedía $800.000 por persona
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, la sospechosa habría solicitado $800.000 a cada interesado para iniciar las supuestas gestiones habitacionales. También pedía documentación personal, fichas y copias de DNI.
Además, habría requerido otros $50.000 por persona con el argumento de invitar a merendar a “la dire”, en presunta referencia a una funcionaria, y convencerla de firmar los papeles necesarios.
Las víctimas denunciaron haber entregado un total de $3.618.000 mediante diferentes transferencias bancarias, algunas realizadas desde cuentas de terceros. Varias familias habrían solicitado préstamos para reunir los montos exigidos, convencidas de que podrían acceder a una vivienda.
Sin embargo, los trámites nunca se concretaron. Frente a los reclamos, la investigada habría respondido con evasivas, atribuyendo las demoras a funcionarios, organismos públicos o expedientes que supuestamente continuaban en curso.
La denunciante presentó comprobantes de transferencias, conversaciones de WhatsApp, documentación y una grabación en la que reclamaba explicaciones. Estos elementos fueron incorporados a la investigación judicial.
Allanamiento y detención
Con las pruebas reunidas, personal del Departamento Delitos Económicos realizó el viernes un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde procedió a detenerla.
La mujer quedó a disposición de la Justicia y será indagada en los próximos días. Mientras tanto, los investigadores intentan determinar la cantidad total de damnificados, el destino del dinero y si existieron otras personas involucradas en la presunta maniobra.
Advertencia ante este tipo de ofrecimientos
El caso vuelve a poner en alerta a la comunidad frente a personas que aseguran tener “contactos políticos” o llegada directa a funcionarios para conseguir viviendas, planes sociales, empleos o beneficios estatales a cambio de dinero.
Las viviendas sociales no se adjudican mediante gestores particulares, pagos informales, regalos ni supuestas contribuciones destinadas a funcionarios. Todo trámite debe realizarse exclusivamente por los canales oficiales y con la documentación correspondiente.
Ante ofrecimientos de estas características, se recomienda:
- No entregar dinero ni documentación personal a intermediarios sin acreditación oficial.
- No realizar transferencias a cuentas particulares para “agilizar” expedientes.
- Verificar cualquier gestión directamente ante el IPVU o el organismo mencionado.
- Conservar mensajes, audios, comprobantes y datos bancarios.
- Formular la denuncia ante la Policía, la Fiscalía o el Departamento Delitos Económicos.
La investigación continúa y, por tratarse de una causa en trámite, la mujer permanece sujeta al principio constitucional de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.
