Empresario español denunció «robo» de $ 300 millones en una cosecha de más de 105 ha de maíz
En una parte, el español Fernando Jesús Rodríguez Sáez y el cordobés Alexis Cadamuro. Enfrente, León (gendarme), Luna (ex gendarme) y Peralta.
La Justicia terció ayer en una áspera batalla por la cosecha de 450 hectáreas de maíz, de las cuales 105 habrían sido retiradas en camiones —valuadas en más de $ 300.000.000— entre viernes y sábado pasados, y una de las partes sería un empresario español nacionalizado argentino.
El epicentro del conflicto se sitúa a la vera de la ruta 34, 10 kilómetros antes de Pinto, departamento Aguirre, según emana de la denuncia del abogado, Víctor Nazar, en representación del español, Fernando Jesús Rodríguez Sáez, «quien se encuentra en Paraguay».
«Hemos denunciado todo en la seccional 17 de Pinto y aguardamos definiciones. Hasta donde sabemos, fue dictada una medida de no innovar por el fiscal, Guillermo Farías», acotó. «Los vecinos del campo nos informaron que los sujetos trabajaron de noche», ahondó Nazar.
Voceros judiciales confiaron que enfrente, en la contraparte, la Fiscalía también habría fijado una medida perimetral, es decir prohibición de acercamiento, en contra del cordobés Cadamuro.
Por el lado del español, habría sido denunciada una pareja, compuesta por una gendarme —que cumple funciones en el interior de la provincia— y el hombre ex gendarme, de apellidos León y Luna, respectivamente.
La denuncia sería extensiva a un hombre de apellido Peralta, propietario de los vehículos en que era transportada la cosecha, cuyo paradero era un misterio al cierre: trataríase de 3 cosechadoras, una tolva y 2 camionetas.
Siempre en base al pleito de las dos partes, Cadamuro habría alertado a la Justicia a las 11 de la mañana. De inmediato, habría sido paralizado la mudanza de los granos e inmovilizados todos los vehículos, confiaron los voceros.
Escrituras y clima de tensión en la entrada del campo
El español habría presentado anoche en la comisaría 17 documentación, en especial una escritura, resuelto en acreditar «su propiedad en el campo. También, sobre las semillas que fueron utilizadas en la siembra», afirmó Nazar.
Como sea, las dos partes alegaban ser dueños del mismo campo y una sugería a la Justicia articular medios, a fin de paralizar el retiro de la cosecha. Más de 105 hectáreas ya habrían viajado por la 34. Dentro del campo, aún era incierto el destino de otras 345 hectáreas. Vale subrayar que solo las 105 estarían valuadas en más de $ 300 M.
El clima en el acceso al establecimiento era de extrema tensión. Testigos aseguraron que durante el enfrentamiento también se denunciaron presuntas amenazas con un arma de fuego, hecho que quedó incorporado a las actuaciones judiciales y que es materia de investigación.
Ante ese escenario, las autoridades dispusieron una consigna policial permanente para resguardar el predio, prevenir nuevos incidentes y garantizar el cumplimiento de las medidas judiciales vigentes.
Mientras la investigación avanza, ambas partes tenían previsto presentarse en los tribunales de Añatuya con abundante documentación destinada a respaldar sus respectivos derechos sobre el inmueble y la millonaria cosecha.
Fuente: El Liberal
