Grave ataque a tiros contra policías en medio de una disputa millonaria por un campo en el interior santiagueño

Una violenta balacera contra efectivos policiales sacudió este fin de semana una zona rural del departamento Juan Felipe Ibarra, donde se desarrolla una millonaria disputa judicial por un campo sojero. El hecho, de extrema gravedad institucional, ocurrió en el paraje La Pradera 25, a unos 40 kilómetros de Añatuya, y mantiene en alerta a la Justicia y a las fuerzas de seguridad.

Según fuentes ligadas a la investigación, el episodio se registró mientras personal policial cumplía una consigna preventiva ordenada por la Justicia, tras el desalojo de las dos partes enfrentadas en un litigio por la propiedad del predio. La tensión en el lugar ya había derivado en la detención de dos hermanos de apellido González Díaz en jornadas previas.

En ese contexto, una camioneta 4×4 —identificada como una Ford Ranger— irrumpió en la zona y, desde su interior, al menos dos individuos armados abrieron fuego contra los uniformados. Los disparos impactaron en una vivienda y en una garita de control, obligando a los efectivos a arrojarse cuerpo a tierra para resguardar sus vidas. Tras el ataque, el vehículo se dio a la fuga a gran velocidad, perdiéndose en la oscuridad del monte.

El hecho fue inmediatamente informado a la Justicia y, en una decisión clave, la causa por la balacera pasó a la órbita de la Capital, quedando a cargo del fiscal Nicolás Heredia, mientras que la disputa civil por las tierras continúa bajo jurisdicción de Añatuya.

Peritos de la División Criminalística trabajaron en el lugar, donde secuestraron proyectiles y levantaron evidencias balísticas que ya son analizadas. Además, los investigadores lograron identificar parcialmente la patente del vehículo involucrado, lo que podría resultar determinante para avanzar en la causa.

Fuentes policiales señalaron que la principal hipótesis apunta a la posible contratación de un grupo armado, presuntamente vinculado a una de las partes en conflicto. Bajo esta línea investigativa, no se descarta que los autores del ataque permanezcan ocultos en zonas montuosas del departamento, lo que motivó el despliegue de operativos y la inminente solicitud de allanamientos.

El trasfondo del conflicto revela el fuerte interés económico en juego: el campo en disputa abarcaría al menos 1.000 hectáreas productivas, en momentos en que la cosecha de soja está próxima a concretarse. Con valores estimados en torno a los $450.000 por tonelada y rindes de entre 3 y 4 toneladas por hectárea, la producción representa cifras millonarias.

Ante este escenario, la Justicia analiza alternativas para evitar un agravamiento del conflicto. Entre ellas, no se descarta la designación de un depositario judicial que se encargue de levantar y resguardar la cosecha hasta que se resuelva la titularidad del predio.

Mientras tanto, el caso expone un cuadro de alta conflictividad rural, donde la disputa económica derivó en un ataque armado contra fuerzas del Estado, encendiendo alarmas por la escalada de violencia y la posible intervención de grupos organizados. La investigación avanza bajo estricto hermetismo, con la expectativa de resultados en las próximas horas.