Tratan de evitar más quiebras y ejecuciones de comercios y pymes mediante una ley

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en clara protección de comerciantes y pequeños emprendedores, pide acciones como la suspensión de las declaraciones de quiebras o las ejecuciones de garantías, colaboré con la protección del entramado productivo local en tan difícil coyuntura.

De prosperar, no solo significará un paliativo para un gran número de empresas y los trabajadores que en ellas se desempeñan, sino que también, al evitar un mayor retroceso macroeconómico, resultará beneficioso para el conjunto de la Nación.

La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) manifiesta su acompañamiento a la reforma de la ley de concursos y quiebras impulsada en el Congreso de la Nación, y aboga por que tenga un ágil tratamiento que permita su pronta puesta en vigencia. Asimismo, exhorta a los legisladores a obrar con la responsabilidad que el crítico presente exige, a fin de que esta iniciativa no sea malograda, como lamentablemente parece que ocurrirá con el proyecto de teletrabajo, que de aprobarse sin modificaciones acabará por desalentar esa modalidad laboral.  

A comienzos de junio, en notas cursadas al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y al jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, la CAC había solicitado proteger la trama empresaria, mediante la adopción de medidas que redujeran la judicialización. La Entidad advirtió allí que, en el marco de la severa crisis en curso, y a pesar de las múltiples y bienvenidas medidas de apoyo estatal, muchas empresas se vieron forzadas a incumplir sus obligaciones, abriendo la puerta a una litigiosidad que las expone –especialmente a las MiPyMEs– a su potencial extinción.

La Entidad señalaba entonces –y lo ratifica ahora– que resulta fundamental “contemplar e implementar de forma oportuna acciones tendientes a eliminar o reducir al mínimo las consecuencias de las situaciones de conflictividad, judiciales y extrajudiciales, presentes y futuras, generadas por esta realidad. La adopción de una normativa que establezca procedimientos de emergencia preservará la operatividad de las unidades productivas y evitará la saturación del sistema judicial con embargos, ejecuciones, rescisiones contractuales, concursos, conflictos laborales, entre otras consecuencias que, podemos prever, provocaría el colapso del funcionamiento de un poder del Estado con dificultades de larga data”. 

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