La política de déficit cero impulsada por el Gobierno nacional vuelve a quedar en el centro del debate federal. Durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei, los fondos fiduciarios que permanecieron activos recaudaron más de $8,2 billones y registraron un superávit financiero equivalente a casi US$3.000 millones.

La situación adquiere especial relevancia para Santiago del Estero y las demás provincias del Norte Grande, donde la paralización o demora de obras nacionales afecta proyectos indispensables para garantizar agua potable, caminos, viviendas, energía, conectividad y prevención de inundaciones.

De acuerdo con información atribuida a balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto, los fideicomisos nacionales ejecutaron solamente el 55,8% de sus ingresos durante 2024. La proporción aumentó al 69,5% en 2025 y llegó al 69,7% en el primer trimestre de 2026.

Esto significa que una parte importante de los recursos recaudados para objetivos específicos no fue aplicada inmediatamente a esos destinos. En cambio, los excedentes fueron canalizados hacia colocaciones financieras administradas por el Ministerio de Economía.

Casi US$3.000 millones sin ejecutar

Según el informe difundido por la Agencia Noticias Argentinas, los fondos fiduciarios alcanzaron un superávit de $1,86 billones durante 2024, equivalente a unos US$1.978 millones conforme al tipo de cambio oficial promedio de ese año.

En 2025, el resultado positivo llegó a $1,23 billones, aproximadamente US$973 millones. Entre ambos períodos, la acumulación se ubicó cerca de los US$3.000 millones.

Además, las previsiones presupuestarias para el actual ejercicio contemplan colocaciones en letras, bonos, títulos públicos y plazos fijos por aproximadamente $1,33 billones. Esto permitiría mantener cerca de US$880 millones adicionales de las cajas fiduciarias invertidos en activos financieros.

La estrategia habría cambiado en los últimos años: mientras anteriormente los excedentes se resguardaban principalmente mediante plazos fijos en el Banco Nación, ahora una porción creciente se destina a la compra directa de instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro.

El costo territorial del equilibrio fiscal

La discusión no pasa solamente por la existencia de un excedente financiero, sino por el origen y la finalidad legal de esos recursos. Los fondos fiduciarios fueron creados para atender necesidades determinadas y, en muchos casos, financiar infraestructura estratégica.

Cuando ese dinero permanece sin ejecutar o se utiliza para adquirir títulos públicos, el equilibrio de las cuentas nacionales puede mejorar en términos contables, pero las obras continúan pendientes en los territorios.

Ese mecanismo perjudica especialmente al Norte argentino. A diferencia de las regiones con mayor infraestructura acumulada, provincias como Santiago del Estero necesitan una inversión sostenida para reducir desigualdades históricas y asegurar condiciones básicas para el desarrollo productivo y social.

En esta parte del país, una obra hídrica no representa un gasto accesorio: puede significar agua segura para una localidad, protección frente a las crecidas de los ríos Dulce y Salado o capacidad productiva para extensas zonas rurales. Lo mismo ocurre con los caminos, las redes eléctricas y las viviendas.

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Déficit cero con recursos inmovilizados: el Norte reclama que los fondos vuelvan en obras

Los fideicomisos nacionales habrían acumulado cerca de US$3.000 millones durante los dos primeros años de la gestión de Javier Milei. Aunque buena parte de esos recursos tiene destinos específicos, principalmente infraestructura, una porción considerable terminó colocada en títulos públicos. La situación impacta especialmente en provincias como Santiago del Estero, donde siguen pendientes obras hídricas, viales, energéticas y habitacionales.

La política de déficit cero impulsada por el Gobierno nacional vuelve a quedar bajo debate por el manejo de los fondos fiduciarios que continúan vigentes. Durante los dos primeros años de la administración de Javier Milei, estas cajas recaudaron más de $8,2 billones y acumularon un resultado financiero favorable equivalente a casi US$3.000 millones.

Se trata, en gran medida, de recursos creados por ley para atender objetivos determinados, como obras de infraestructura, programas de transporte, desarrollo urbano y otras inversiones estratégicas. Sin embargo, el análisis de balances contables, planillas presupuestarias e informes oficiales indica que solamente una parte fue destinada a esos fines.

Según datos difundidos por la Agencia Noticias Argentinas, los fideicomisos registraron un superávit financiero de $1,86 billones durante 2024 y de $1,23 billones en 2025. Convertidos al tipo de cambio oficial promedio de cada año, representan alrededor de US$1.978 millones y US$973 millones, respectivamente.

Una ejecución inferior a lo recaudado

Las planillas oficiales señalan que durante 2024 se ejecutó solamente el 55,8% de los recursos recaudados. En 2025, el porcentaje ascendió al 69,5%, mientras que durante el primer trimestre de 2026 se ubicó en el 69,7%.

La diferencia no utilizada para los objetivos originales habría sido destinada a colocaciones financieras administradas por el Ministerio de Economía. El esquema pasó de mantener parte de los recursos en plazos fijos del Banco Nación a invertir directamente en letras, bonos y otros instrumentos de deuda del Tesoro.

Para el ejercicio en curso se estima que estas colocaciones financieras alcanzarán los $1,33 billones, una cifra equivalente a aproximadamente US$880 millones adicionales.

En términos contables, estas operaciones ayudan a fortalecer las cuentas del Tesoro y sostener el resultado fiscal. Pero, desde una mirada federal, abren un interrogante central: ¿puede considerarse ahorro genuino la inmovilización de fondos que fueron recaudados para financiar obras y servicios que todavía resultan indispensables?

El impacto en Santiago del Estero y el Norte Grande

La discusión adquiere una importancia particular para Santiago del Estero y las demás provincias del Norte Grande. En esta región, las necesidades de infraestructura no son abstractas: se expresan en rutas deterioradas, caminos productivos sin pavimentar, falta de redes de agua potable, sistemas de saneamiento incompletos, viviendas pendientes y obras energéticas necesarias para sostener el crecimiento.

Santiago del Estero también necesita inversiones permanentes para prevenir desbordes de los ríos Dulce y Salado, avanzar con los Bajos Submeridionales, mejorar los sistemas de riego y garantizar agua para el consumo humano y la producción en las zonas más alejadas.

La paralización o demora de estas obras no solamente afecta la calidad de vida de la población. También limita la producción agropecuaria, encarece el transporte, reduce la competitividad regional y profundiza las desigualdades históricas entre el centro del país y las provincias del norte.

A esto se suma el reclamo por una tarifa eléctrica diferencial para las zonas cálidas. En provincias donde las temperaturas extremas obligan a utilizar ventiladores y equipos de refrigeración durante gran parte del año, el consumo energético no puede ser evaluado con los mismos parámetros que en las regiones de clima templado.

Equilibrio fiscal, pero con desarrollo federal

El ordenamiento de las cuentas públicas constituye un objetivo legítimo y necesario. Sin embargo, el equilibrio fiscal pierde sustentabilidad cuando se consigue postergando inversiones fundamentales o utilizando recursos con asignación específica para financiar al propio Tesoro.

Una obra hídrica o vial no debe ser observada únicamente como un gasto. Representa una inversión capaz de evitar inundaciones, ampliar la superficie productiva, conectar localidades, generar empleo y reducir costos económicos futuros.

Para Santiago del Estero, la discusión no pasa por desconocer la necesidad de responsabilidad fiscal, sino por exigir que ese objetivo sea compatible con el cumplimiento de las leyes y con una distribución verdaderamente federal de los recursos.

El superávit financiero de los fideicomisos contrasta con las necesidades acumuladas en el territorio. Mientras casi US$3.000 millones permanecieron sin aplicarse a sus destinos originales, las provincias debieron afrontar con recursos propios obras, programas y servicios que dependen también del financiamiento nacional.

La defensa del déficit cero no debería significar una Nación con mejores planillas y un interior con menos infraestructura. El verdadero equilibrio será aquel que ordene las cuentas públicas sin frenar el desarrollo, respetando el destino de los fondos y devolviendo al Norte argentino recursos que también genera y necesita.