Añatuya en el Senado: la senadora Chiqui Moreno denunció la paralización de las cloacas y exigió respuestas al Gobierno nacional

La problemática por la paralización de la obra de cloacas en la ciudad de Añatuya llegó al recinto del Senado de la Nación de la mano de la senadora nacional Elia ‘Chiqui’ Moreno, quien planteó una cuestión de privilegio contra el ministro de Economía, Luis Caputo, y contra funcionarios del área de Recursos Hídricos, denunciando la falta de pagos que mantiene frenado uno de los proyectos de infraestructura más importantes para el sur santiagueño.

Durante su intervención, la legisladora expresó su «gran preocupación» por la situación que atraviesa Añatuya y sostuvo que la obra, iniciada en 2022 y financiada con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), registra un avance cercano al 40%, pero permanece paralizada debido al incumplimiento en los pagos de los certificados de obra.

Moreno recordó que el sistema cloacal es una demanda histórica de los añatuyenses, gestionada durante décadas por distintos gobiernos municipales, provinciales y nacionales, y remarcó que se trata de una obra fundamental para una ciudad de más de 50.000 habitantes.

Un reclamo por salud, ambiente y calidad de vida

En un discurso cargado de preocupación, la representante santiagueña explicó que Añatuya presenta una particular vulnerabilidad ambiental debido a que la napa freática se encuentra a escasos 50 centímetros de profundidad.

«La ciudad está destruida y el impacto ambiental es enorme», sostuvo, al advertir que miles de familias continúan utilizando pozos ciegos y pozos negros para el tratamiento de residuos cloacales, lo que genera contaminación de las aguas subterráneas y riesgos sanitarios para toda la población.

La senadora destacó además que la necesidad de contar con un sistema cloacal trasciende a los vecinos de Añatuya, ya que la ciudad funciona como cabecera regional para decenas de localidades ubicadas en un radio de más de 100 kilómetros, concentrando servicios bancarios, administrativos y sanitarios.

El impacto sobre la salud regional

Uno de los puntos más sensibles planteados por Moreno fue la imposibilidad de ampliar servicios médicos de alta complejidad sin contar con infraestructura sanitaria adecuada.

En ese sentido, recordó que la instalación de centros de hemodiálisis requiere obligatoriamente la existencia de un sistema cloacal, situación que afecta directamente a pacientes que hoy deben viajar hasta la ciudad Capital para recibir tratamiento.

«Estamos hablando de una obra que mejora la calidad de vida, protege la salud y garantiza derechos básicos para miles de santiagueños», enfatizó.

Fondos internacionales y pedido de explicaciones

La legisladora cuestionó que los recursos para la ejecución de la obra ya habrían sido desembolsados por el organismo internacional, pero los pagos a la empresa contratista comenzaron a sufrir demoras desde finales de 2023.

Según detalló, los certificados de avance debían abonarse cada 59 días, aunque terminaron pagándose cada cuatro meses. El último desembolso se habría realizado en noviembre de 2025, situación que provocó la reducción drástica de la actividad en el obrador.

Moreno informó además que de los 162 trabajadores que llegaron a desempeñarse en el proyecto, actualmente solo permanecen alrededor de 20.

Por esta razón, presentó un pedido formal de informes para que el Gobierno nacional explique qué ocurrió con los recursos destinados a la obra y cuáles son los motivos que impiden su continuidad.

Una defensa del interior santiagueño

La intervención de la senadora fue interpretada como una firme defensa de los intereses del interior provincial ante el Gobierno nacional. Desde el recinto, Moreno puso en agenda una problemática que afecta directamente a una de las ciudades más importantes del sur santiagueño y reclamó que se respeten los compromisos asumidos con la comunidad.

«Es un derecho que nos merecemos: vivir en una ciudad limpia y contar con los servicios básicos indispensables», afirmó la legisladora, al tiempo que advirtió sobre las consecuencias económicas y financieras que podría afrontar el país si no cumple con las obligaciones asumidas en el marco del financiamiento internacional otorgado para la obra.

El planteo realizado en el Senado vuelve a poner en el centro del debate la situación de las obras públicas paralizadas en el interior argentino y, particularmente, la necesidad de garantizar la continuidad de un proyecto considerado estratégico para el desarrollo, la salud y el futuro de Añatuya y toda la región sudeste de Santiago del Estero.

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