La Justicia frenó 300 despidos en el INTA y el Gobierno podría pagar $10 millones diarios de multa

Un nuevo capítulo de tensión política y gremial se abrió en torno al conflicto por los despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín ratificó la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Poder Ejecutivo abstenerse de avanzar con la cesantía de 300 empleados.

La resolución judicial deja al Gobierno nacional sin posibilidad de aplicar la medida impulsada a través de la resolución 1240 del Ministerio de Economía, que había sido dictada luego del rechazo del Senado al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 462/25. En caso de incumplimiento, el Estado podría enfrentar una multa de hasta $10 millones diarios.

Un choque entre poderes

La controversia refleja un enfrentamiento directo entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El miércoles pasado, la Justicia había suspendido la aplicación del DNU que habilitaba los despidos. Horas más tarde, el Senado lo rechazó formalmente. Pese a ello, el Gobierno avanzó con una nueva resolución que producía el mismo efecto sobre la planta de personal del organismo.

Ante este escenario, ATE denunció un intento de “desconocer deliberadamente” las decisiones de la Justicia y el Congreso. “Lo reiterativo no disminuye su gravedad. Este gobierno insiste en desafiar a los otros poderes del Estado con una política de ajuste sin sustento legal”, afirmó el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.

Reacciones en el INTA

Los trabajadores del INTA celebraron el fallo judicial y destacaron que garantiza la continuidad de cientos de puestos de trabajo en medio de un clima de incertidumbre. La conducción sindical advirtió que continuará vigilante para que el Ejecutivo cumpla con la orden judicial.

Mientras tanto, el Gobierno nacional anunció cambios en la estructura del organismo y designó nuevas autoridades tras la polémica.

La pulseada por el INTA se inscribe en un marco de creciente conflictividad gremial, con sindicatos que ya anticipan nuevas medidas de fuerza si el Ejecutivo insiste en avanzar por vías administrativas para concretar su plan de ajuste.

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