Trabajadores santiagueños perjudicados por una decisión de Nación que los dejó sin recursos
A la fecha, la provincia de Santiago del Estero enfrenta una situación crítica debido a la retención de $2.814.023.148,00 por parte de la Nación. Esta suma corresponde a la totalidad de los fondos adeudados en el marco del Fideicomiso de Bosques, sin incluir los montos previstos para las convocatorias de los años 2023 y 2024.
La decisión nacional de suspender los recursos del Fideicomiso de Bosques ha generado un impacto significativo, especialmente para 29 trabajadores santiagueños que habían sido contratados en el marco de dicho programa. Estos empleados, con capacitación en áreas técnicas, viveros, gestión de áreas protegidas y manejo del fuego, dependían de estos fondos para desempeñar sus funciones.
Desde la implementación de la Ley de Bosques en 2008, los servicios de profesionales y no profesionales han fortalecido las capacidades de la Dirección de Bosques provinciales. Su trabajo, vital para la protección y conservación del medio ambiente, era financiado con el 30% de los recursos previstos por la Ley. Durante más de una década, estos agentes colaboraron con la Dirección, contribuyendo al desarrollo sostenible y a la preservación de los ecosistemas de la región.
Sin embargo, la disolución del Fideicomiso, que era la herramienta encargada de transferir los fondos a las provincias, ha dejado a Santiago del Estero, al igual que a otras jurisdicciones, sin acceso a estos recursos. Actualmente, los fondos se encuentran depositados en una cuenta «a la vista» según informó la Nación, pero no han sido transferidos, lo que imposibilita su utilización.
La falta de recepción de estos fondos causa un daño irreparable a la provincia. No solo se interrumpe el financiamiento necesario para iniciativas ambientales, sino que también se vulnera el sustento de 29 familias que quedan sin empleo, afectando directamente su calidad de vida y el bienestar de la comunidad.
Es urgente que la Nación revierta esta situación y transfiera los fondos adeudados para garantizar la continuidad de los programas ambientales y proteger los derechos laborales de quienes trabajan en pos del cuidado de los bosques santiagueños.
