Conflicto por tierras en el sur santiagueño: un nuevo capítulo judicial pone bajo la lupa a la empresa vinculada a Cadamuro

El conflicto por la tenencia y explotación de tierras en el sur de Santiago del Estero suma un nuevo capítulo judicial. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina (MOCASE-VC) informó que la Justicia dispuso un embargo por US$ 800.000 contra la empresa POR CAD AGRO S.A.S., vinculada a Andrés Cadamuro y a integrantes de su familia, en el marco de una disputa por campos ubicados en la zona rural de Pinto, departamento Aguirre.

De acuerdo con el comunicado difundido por la organización campesina, la medida se relaciona con una causa iniciada por César Zerda y Lucas Fiori, quienes reclaman por los daños y perjuicios que, según su planteo judicial, se habrían producido en el marco de una disputa por la posesión y explotación de tierras.

El MOCASE-VC sostiene que la empresa habría intentado avanzar sobre esos campos mediante contratos de arrendamiento que califica de «maliciosos» y que, según la organización, habrían sido utilizados para generar conflictos sobre la titularidad y posesión de los inmuebles.

La organización también denuncia que el ingreso de maquinaria a los establecimientos rurales habría estado acompañado por grupos de hombres armados. Se trata de acusaciones graves que forman parte de la versión difundida por el MOCASE y que deberán ser consideradas en función de lo que establezcan las distintas causas judiciales y las pruebas incorporadas a cada expediente.

Un conflicto que viene de varios años

La disputa por tierras en Pinto no es reciente. Existen antecedentes públicos de conflictos judiciales alrededor de campos ubicados en el departamento Aguirre y de operaciones en las que aparece mencionada POR CAD AGRO S.A.S.

En 2022, por ejemplo, EL LIBERAL informó sobre una disputa por un establecimiento de aproximadamente 1.000 hectáreas en Pinto. En aquel momento, representantes de POR CAD AGRO sostuvieron que la empresa había adquirido el inmueble luego de que un contrato anterior fuera rescindido por falta de pago, mientras que la otra parte había promovido denuncias por presunta estafa, desbaratamiento de derechos acordados y usurpación.

Ese antecedente permite dimensionar que la controversia actual no surgió de manera aislada, sino que se inserta en una serie de disputas por la propiedad, posesión, arrendamiento y explotación de campos en una de las principales zonas productivas del sur santiagueño.

Incluso existen antecedentes registrales que vinculan a POR CAD AGRO con trámites sobre inmuebles ubicados en el departamento Aguirre. Un boletín oficial de 2021 registró una presentación de la empresa para una prescripción adquisitiva sobre un inmueble situado en Villa General Mitre, departamento Aguirre.

El MOCASE vuelve a denunciar un supuesto esquema de apropiación de tierras

En su comunicado, el MOCASE-VC sostiene que el caso de Fiori y Zerda presenta características similares a otros conflictos de tierras que la organización viene denunciando desde hace años.

La entidad afirma que determinados sectores empresariales intentarían obtener el control de campos mediante contratos, operaciones comerciales y posteriores disputas por la posesión, en algunos casos con episodios de violencia.

La organización relaciona este planteo con el conflicto ocurrido en 2024 con la Comunidad Indígena Sentimiento de Mi Tierra del Pueblo Sanavirón, y sostiene que allí también se habría producido un intento de avance sobre tierras comunitarias mediante la presencia de personas armadas.

Más recientemente, el propio MOCASE difundió testimonios vinculados a la relación entre Andrés Cadamuro y Diego Kemel, en el marco de otro conflicto de tierras ocurrido en Las Abras. La organización publicó en julio de 2026 el testimonio de Franco Darío Luna, quien se refirió a presuntos vínculos entre distintos protagonistas de esas disputas.

Un dato que agrega presión sobre la situación empresarial

A la disputa judicial por tierras se suma otro elemento que aparece en los registros públicos: POR CAD AGRO S.A.S. ingresó en un proceso de concurso preventivo en Córdoba.

El Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba registró en septiembre de 2025 la apertura del concurso preventivo de la sociedad, tramitado ante un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Córdoba.

El dato no permite, por sí solo, establecer una relación directa entre la situación financiera de la empresa y el conflicto por los campos de Pinto, pero constituye un antecedente relevante para comprender el escenario actual alrededor de la firma.

La tierra, en el centro de una disputa cada vez más compleja

El caso vuelve a poner en discusión uno de los problemas históricos del interior santiagueño: la seguridad jurídica sobre la tierra y los conflictos que pueden surgir entre propietarios, productores, empresas agropecuarias y comunidades campesinas e indígenas.

Santiago del Estero posee una extensa superficie productiva y, particularmente en el sur provincial, la expansión de la agricultura y la valorización de los campos incrementaron el interés económico sobre tierras que durante décadas fueron ocupadas, arrendadas o explotadas bajo diferentes modalidades.

En ese contexto, las disputas por la posesión pueden adquirir una dimensión económica considerable. Pero también pueden transformarse en conflictos sociales cuando aparecen denuncias de amenazas, violencia o utilización de grupos para intentar imponer determinadas situaciones de hecho.

Por eso, el nuevo capítulo judicial en Pinto excede la disputa particular entre empresas o productores. Lo que está en juego es también qué mecanismos existen para garantizar la propiedad, la posesión y el derecho a producir sin que los conflictos terminen trasladándose al terreno de la violencia.

El MOCASE reconoce al Estado

Frente a este escenario, el MOCASE-VC destacó el papel que, según su valoración, viene desarrollando el Gobierno de Santiago del Estero para intervenir en conflictos vinculados con la problemática de tierras.

La organización mencionó el trabajo institucional impulsado desde la conducción provincial y planteó la necesidad de profundizar el diálogo entre el Estado, productores, comunidades campesinas e indígenas y organizaciones sociales.

El planteo apunta a evitar que las controversias por la tierra deriven en nuevos enfrentamientos y a establecer mecanismos que permitan resolver las diferencias dentro del ámbito judicial e institucional.

Un conflicto que todavía está abierto

El embargo informado representa un nuevo movimiento dentro de una disputa que lleva varios años y que tiene antecedentes judiciales y registrales.

Sin embargo, un embargo no equivale por sí mismo a una condena penal ni determina definitivamente quién tiene razón sobre la titularidad de un inmueble. Se trata de una medida judicial destinada a garantizar eventuales obligaciones y debe analizarse dentro del expediente correspondiente.

La situación de los campos de Pinto, las acusaciones formuladas por el MOCASE-VC y la posición de las personas y empresas involucradas deberán seguir su curso en la Justicia.

Mientras tanto, el caso vuelve a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa buena parte del interior santiagueño: cómo garantizar el derecho a la tierra, proteger la producción y evitar que los conflictos por la propiedad terminen convirtiéndose en episodios de violencia rural.

Un dato para seguir de cerca

La evolución del expediente será clave para determinar el alcance real del embargo de US$ 800.000, las responsabilidades que eventualmente correspondan y la situación jurídica de los campos involucrados.

También será importante conocer la posición de Andrés Cadamuro, POR CAD AGRO S.A.S. y los demás involucrados, así como los fundamentos completos de la resolución judicial que habría dispuesto la medida.