Quimilí: investigan una presunta estafa millonaria con cheques sin fondos y buscan a un empresario del transporte

La Justicia santiagueña ordenó allanamientos en una empresa de logística de Quimilí, en el departamento Moreno, en el marco de una investigación por presuntas estafas que superarían los 200 millones de pesos. El principal investigado es Marcelo Alejandro Vallozzi, quien no fue localizado durante los procedimientos. La causa involucra operaciones comerciales con combustible, cheques rechazados y otros compromisos de pago incumplidos.

Una investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas de gran magnitud sacude al sector comercial y empresarial de Quimilí, una de las principales ciudades productivas del interior de Santiago del Estero. La Justicia provincial avanza sobre un empresario vinculado al transporte de cargas, denunciado por operaciones millonarias que habrían sido abonadas mediante cheques sin fondos.

El principal investigado es Marcelo Alejandro Vallozzi, vinculado a la empresa de transporte y logística denominada La Logística, cuyas instalaciones se encuentran sobre la Ruta Provincial 92, corredor que conecta Quimilí con Añatuya.

De acuerdo con la información judicial difundida, efectivos del Departamento Delitos Económicos realizaron allanamientos en distintos inmuebles vinculados al empresario, con el objetivo de reunir documentación comercial, bancaria y elementos que permitan reconstruir las operaciones denunciadas.

Los procedimientos fueron autorizados por la jueza de Control y Garantías Érika Casagrande Valdueza, a solicitud de la investigación que lleva adelante la fiscal Luján González Garay.

Una operación por 75.000 litros de gasoil y más de $167 millones

Uno de los principales denunciantes es Fernando Ariel Bertolotti, vinculado a una firma dedicada a la comercialización de combustibles.

Según consta en la información de la causa, las operaciones comerciales habrían comenzado el 22 de septiembre, cuando Vallozzi solicitó la provisión de importantes cantidades de gasoil para su actividad empresarial.

Las transacciones denunciadas fueron tres:

  • Una primera entrega de 25.000 litros de gasoil, por $54.417.093.
  • Una segunda operación de 23.000 litros, por $46.767.500.
  • Una tercera entrega de 27.000 litros, por $65.826.000.

En total, 75.000 litros de combustible por $167.010.593, abonados mediante cheques de pago diferido.

Sin embargo, de acuerdo con la denuncia, solamente una de las operaciones habría podido cobrarse, mientras que los restantes compromisos generaron un importante perjuicio económico para la firma proveedora.

La denuncia fue presentada el pasado 30 de octubre y dio origen a una de las investigaciones que actualmente tramitan ante la Justicia provincial.

Cheques rechazados por más de $413 millones

Uno de los datos de mayor relevancia surgidos de la investigación es la situación bancaria atribuida al empresario.

Según la información incorporada a las actuaciones, los registros consultados del Banco Central de la República Argentina habrían reflejado 100 cheques rechazados por un monto total de $413.177.842,25.

De ese importe, $313.925.842,25 corresponderían a operaciones vinculadas al Banco de la Nación Argentina, mientras que otros $99.252.000 estarían relacionados con una segunda entidad financiera.

Este dato constituye uno de los elementos centrales que analizan los investigadores para determinar si existió un mecanismo reiterado de emisión de cheques sin respaldo suficiente.

No obstante, el monto total de cheques rechazados no debe confundirse con el perjuicio económico denunciado en las causas, ya que corresponde establecer qué operaciones están comprendidas en cada investigación y cuáles podrían encontrarse vinculadas entre sí.

Una segunda denuncia amplía la investigación

La situación judicial del empresario se complicó con una segunda presentación realizada por Marcelo Jesús Antonio Prandi, quien también denunció presuntas irregularidades en operaciones comerciales.

En este expediente fueron mencionados, además de Vallozzi, su esposa Emilse Carabajal y un empleado identificado como Lucas Beck.

De acuerdo con la denuncia, el damnificado recibió distintos cheques de pago diferido que posteriormente habrían sido rechazados por falta de fondos.

Entre los compromisos cuestionados figuran dos cheques por más de $6,5 millones, otros instrumentos atribuidos a la esposa del empresario por más de $29 millones y dos facturas pendientes por $11.460.400.

La acumulación de ambas investigaciones llevó a la Justicia a profundizar las medidas para establecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance económico de las presuntas maniobras.

La Justicia investiga si existió una maniobra comercial planificada

Uno de los aspectos más delicados del expediente es determinar si los hechos denunciados corresponden exclusivamente a incumplimientos comerciales o si existió una conducta deliberada destinada a obtener mercadería mediante instrumentos de pago que los emisores sabían que no podrían afrontar.

Según la hipótesis investigativa difundida, la reiteración de operaciones y la cantidad de cheques rechazados podrían constituir indicios de una maniobra previamente organizada.

Los investigadores consideran que el supuesto conocimiento de la imposibilidad de cumplir con las obligaciones asumidas podría resultar determinante para establecer la eventual existencia del delito de estafa.

La distinción resulta fundamental desde el punto de vista judicial: una deuda comercial o un cheque rechazado no configuran automáticamente una estafa. Para acreditar ese delito será necesario demostrar la existencia de un engaño penalmente relevante, el error provocado y el perjuicio patrimonial correspondiente.

Por el momento, las responsabilidades se encuentran bajo investigación y rige el principio de presunción de inocencia para todas las personas mencionadas.

Allanamientos, documentación secuestrada y nueve camiones bajo investigación

En el marco de las medidas judiciales, personal policial se trasladó hasta instalaciones empresariales y domicilios vinculados al principal investigado, entre ellos un inmueble ubicado en el sector de Las Tres Rosas, sobre la Ruta Provincial 92.

Las órdenes contemplaron la búsqueda y eventual secuestro de documentación contable, facturas, remitos de combustible, recibos, pagarés, chequeras, registros bancarios y comprobantes de transferencias.

También se dispuso la búsqueda de teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y soportes digitales que pudieran contener información relevante para reconstruir los movimientos comerciales.

De acuerdo con la información difundida sobre los procedimientos, nueve camiones habrían sido incautados, aunque resta confirmar oficialmente el resultado definitivo de las medidas y la situación procesal de esos vehículos.

Buscan establecer el paradero del empresario

Otro de los puntos que concentra la atención es la situación del principal investigado.

Según trascendió, Vallozzi no fue localizado durante los procedimientos realizados por los efectivos policiales y, al cierre de la información inicial, su paradero no había sido establecido.

También se informó sobre actuaciones de abogados defensores vinculadas con su situación procesal.

La existencia y vigencia de una eventual orden de detención, así como cualquier presentación de eximición de prisión, deberán ser confirmadas mediante información judicial actualizada.

Preocupación en el sector comercial del interior santiagueño

El caso adquiere especial relevancia por desarrollarse en Quimilí, una ciudad estratégica para la producción agropecuaria, el transporte de cargas y la comercialización de combustibles en el este santiagueño.

La actividad logística representa un eslabón fundamental para el movimiento de granos, insumos y mercaderías que conectan al departamento Moreno con otros puntos de Santiago del Estero y provincias vecinas.

En ese contexto, las denuncias por operaciones millonarias mediante cheques presuntamente carentes de respaldo ponen nuevamente en discusión la seguridad de las transacciones comerciales y los riesgos financieros que enfrentan proveedores y empresas del interior.

La investigación deberá determinar si los hechos denunciados constituyen maniobras aisladas o si existen otras operaciones y eventuales damnificados que todavía no hayan sido incorporados a los expedientes.

Por ahora, la Justicia avanza sobre dos denuncias concretas, mientras busca esclarecer el destino de los fondos, la responsabilidad de las personas investigadas y el verdadero alcance de un caso que genera repercusión en el ámbito empresarial de Quimilí y la región.

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