Santiago del Estero sacude al fútbol argentino: la Justicia federal apunta a la cúpula de la AFA
Una investigación judicial iniciada en Santiago del Estero tomó dimensión nacional y pone en el centro de la escena a las máximas autoridades del fútbol argentino. El fiscal federal Pedro Simón solicitó la detención, indagatoria e inhibición general de bienes del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino, en el marco de una causa por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. Al estar el juez Sebastián Argibay de vacaciones, debe decidir un juez federal de turno de Tucumán.
El requerimiento, presentado este viernes, incluye además pedidos de allanamientos, peritajes contables y financieros exhaustivos, así como el congelamiento de bienes que abarcaría empresas, inmuebles y vehículos de alta gama vinculados a los investigados.
La causa adquiere un tinte aún más relevante debido a que, ante la ausencia del juez federal santiagueño Sebastián Argibay —actualmente de vacaciones—, la resolución deberá ser adoptada por un magistrado federal de turno en Tucumán, lo que añade un componente interjurisdiccional a un expediente de alto impacto político y deportivo.
Una causa de alcance nacional
En su presentación, el fiscal Simón sostiene que existen elementos suficientes para considerar la existencia de una estructura organizada con proyección nacional e incluso internacional, con capacidad económica y logística para entorpecer la investigación o eludir la acción de la Justicia. Bajo ese argumento, fundamentó el pedido de prisión preventiva.
Los delitos imputados —asociación ilícita agravada y lavado de activos— contemplan penas mínimas de ocho años de prisión, lo que, en caso de una eventual condena, implicaría cumplimiento efectivo.
El rol de la conducción de la AFA
Según la hipótesis fiscal, Tapia, en su condición de presidente de la AFA, habría tenido un rol central al convalidar maniobras de desvío de fondos desde la entidad madre del fútbol argentino hacia empresas privadas. Entre ellas, se menciona a Real Central SRL, firma vinculada a la adquisición de una propiedad de lujo en Pilar, valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.
La investigación busca determinar el circuito financiero de estas operaciones y la eventual existencia de un entramado empresarial destinado a canalizar recursos de origen presuntamente irregular.
Repercusión y expectativa
El avance de esta causa generó fuerte repercusión en ámbitos judiciales, políticos y deportivos de todo el país. No solo por los nombres involucrados, sino también porque el impulso de la investigación surge desde una fiscalía federal del interior, posicionando a Santiago del Estero en el centro de una de las causas más sensibles vinculadas al manejo del fútbol argentino.
En las próximas horas, todas las miradas estarán puestas en la decisión que adopte el juez federal de turno, clave para definir si se avanza con las medidas solicitadas por la fiscalía y si la investigación escala a un nuevo nivel.
El expediente abre un capítulo que podría tener profundas consecuencias institucionales en la AFA y, al mismo tiempo, marca un precedente en el accionar de la Justicia federal del norte argentino frente a causas de alto perfil.
