Grave golpe al campo y la industria: Milei avanza con la motosierra sobre el INTA y el INTI
En el marco del brutal ajuste estatal que encabeza el presidente Javier Milei, el Gobierno nacional concretó una nueva embestida contra dos pilares estratégicos del desarrollo agroindustrial argentino: el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). A través de los decretos 461/25 y 462/25, el Poder Ejecutivo dispuso profundas modificaciones en la estructura de ambos organismos, transformándolos en unidades dependientes de las secretarías de Agricultura y de Industria, respectivamente.
Con estas medidas, el INTA pasa a ser un organismo desconcentrado bajo la órbita de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y será conducido por un presidente designado por el Ejecutivo, acompañado por un Consejo Técnico ad honorem. En tanto, el INTI dejará de ser un ente autárquico y pasará a depender directamente de la Secretaría de Industria y Comercio, con el objetivo —según el decreto— de reducir “estructuras sobredimensionadas” y eliminar “trabas burocráticas”.
La administración libertaria justificó la decisión con un discurso que mezcla datos de funcionamiento y acusaciones de ineficiencia. El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, apuntó directamente contra el INTA al calificarlo como una “estructura opaca”, con más de 6.000 empleados, 2.400 vehículos y 450 sedes. El informe oficial también denuncia supuestas irregularidades como bienes sin inventariar, viviendas usurpadas y cooperadoras sin balances.
En el caso del INTI, el Gobierno lo acusa de haber funcionado como un “instrumento burocrático” que entorpecía al sector productivo con “controles innecesarios” y normas técnicas “que perjudicaban a las empresas”. Con 2.356 empleados y 250 dependencias, el instituto —reconocido por su trayectoria y prestigio internacional— fue tildado por el decreto como un “refugio de militantes y gremialistas”.
Lejos de atender las advertencias de los trabajadores, científicos, ingenieros y especialistas que alertaron sobre el riesgo de desguazar dos instituciones esenciales para la soberanía tecnológica y la innovación productiva, el Ejecutivo avanzó sin contemplaciones. El reclamo de miles de técnicos y productores del país, que consideran al INTA y al INTI herramientas clave para el desarrollo federal, fue desoído por un Gobierno que acelera su plan de desregulación total del Estado.
En nombre de la motosierra, se desmantelan décadas de construcción institucional, conocimiento científico y apoyo a los sectores productivos nacionales. El ajuste no solo implica recortes: es una redefinición ideológica del rol del Estado que amenaza con dejar al campo y la industria sin el respaldo técnico que históricamente los acompañó en los momentos más difíciles.
