Horror en Figueroa: condenaron a 20 años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de cuatro de sus hijas

Un caso estremecedor que conmociona a Santiago del Estero llegó a una sentencia judicial. Las víctimas fueron sometidas a abusos y amenazas durante años, en un contexto de aislamiento y vulnerabilidad. Una de ellas quedó embarazada y una prueba de ADN confirmó la paternidad del condenado. La Justicia también revocó el arresto domiciliario del acusado y ordenó su traslado al Penal de Varones.

La Justicia de Santiago del Estero dictó una condena de 20 años de prisión contra un hombre del departamento Figueroa, al encontrarlo culpable de abusar sexualmente de cuatro de sus hijas, cuyas edades fueron informadas como 23, 18, 15 y 10 años.

El fallo pone fin a una etapa judicial de uno de los casos más estremecedores de violencia sexual intrafamiliar conocidos en la provincia, por la cantidad de víctimas, la gravedad de los hechos investigados y las circunstancias en las que ocurrieron.

Según la investigación encabezada por las fiscales Alicia Falcione y Vanina Aguilera, el condenado aprovechaba las ausencias de su pareja para cometer los abusos, tanto dentro de la vivienda familiar como en sectores de monte, donde llevaba a las víctimas. Las amenazas y el aislamiento habrían sido utilizados para mantenerlas en silencio.

Una infancia atravesada por los abusos y una prueba de ADN determinante

Uno de los aspectos más graves del expediente corresponde a la hija mayor, quien, de acuerdo con la investigación, comenzó a sufrir abusos cuando tenía apenas 13 años.

La joven quedó embarazada y fue madre a los 20 años. Posteriormente, un estudio genético confirmó que el condenado era el padre biológico del niño, una prueba científica de enorme relevancia para la causa.

Durante el juicio, el acusado intentó justificar su vínculo con la joven al sostener que había existido una relación consentida. También negó las acusaciones formuladas por las otras tres víctimas.

Sin embargo, la investigación reunió testimonios y elementos científicos que permitieron al tribunal establecer su responsabilidad penal.

El expediente expuso una situación particularmente grave: las víctimas debieron atravesar experiencias de violencia sexual dentro de su propio entorno familiar, precisamente el espacio donde debían encontrar protección y seguridad.

Las fiscales solicitaron 25 años de prisión

Durante los alegatos, las representantes del Ministerio Público Fiscal, Alicia Falcione y Vanina Aguilera, solicitaron una pena de 25 años de prisión, al considerar acreditados los hechos mediante las declaraciones de las víctimas y las pruebas incorporadas al proceso.

Por su parte, la defensora oficial Luciana Giménez, en representación del Ministerio Pupilar, reclamó medidas de protección y asistencia para las víctimas menores de edad.

La defensa del acusado, ejercida por Martina Magnone y Martín Rojas Verón, solicitó su absolución, al cuestionar la acreditación de los hechos en las circunstancias planteadas por la acusación.

Asimismo, pidió mantener el arresto domiciliario que le había sido concedido en octubre de 2025 por la jueza de Género Norma Morán, debido a problemas cardíacos.

Un fallo dividido: dos jueces votaron por 20 años de prisión

La sentencia fue adoptada por mayoría, luego de una deliberación en la que los integrantes del tribunal expresaron diferentes posiciones respecto de la pena.

El vocal Juan Carlos Storniolo se pronunció por una condena de 15 años de prisión, mientras que Fernando Viaña y Graciela Viaña de Avendaño votaron por imponer 20 años.

De esta manera, prevaleció la postura mayoritaria y quedó establecida la condena.

Además, el tribunal dispuso revocar el beneficio de arresto domiciliario del que gozaba el acusado, ordenando su traslado al Penal de Varones, ubicado en Alsina 850, en la ciudad Capital.

Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer dentro de aproximadamente tres semanas.

Un caso que vuelve a poner en debate la protección de niños y adolescentes

Más allá de la condena, este proceso judicial vuelve a colocar en el centro de la discusión la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, detección y acompañamiento de víctimas de abuso sexual infantil, especialmente en comunidades rurales y contextos de aislamiento.

El caso de Figueroa refleja las consecuencias devastadoras que puede generar la violencia sexual dentro del ámbito familiar, donde las amenazas, la dependencia económica, el miedo y las dificultades para acceder a redes de protección pueden prolongar el sufrimiento de las víctimas.

La sentencia representa una respuesta judicial frente a hechos de extrema gravedad, aunque ninguna condena puede borrar los años de violencia sufridos por las cuatro hermanas.

El desafío que permanece es garantizarles protección, asistencia psicológica y acompañamiento integral, además de fortalecer las herramientas institucionales para que otros niños y adolescentes puedan denunciar situaciones semejantes antes de que se prolonguen durante años.

En Santiago del Estero, este fallo deja un mensaje contundente sobre la responsabilidad penal de quienes cometen delitos sexuales dentro de sus propias familias y la importancia de escuchar, proteger y acompañar a las víctimas.

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