El boleto de colectivo golpea al interior: desde Córdoba plantean una solución que también abre el debate en Santiago del Estero y La Banda

El costo del transporte público se convirtió en uno de los problemas económicos y sociales más sensibles para las ciudades del interior argentino. Los aumentos en el precio del boleto, la reducción de los subsidios nacionales y el incremento de los costos operativos colocaron a los municipios frente a una difícil realidad: sostener los servicios sin trasladar toda la carga económica a los pasajeros.

Santiago del Estero y La Banda no son ajenas a esta problemática. Las actualizaciones tarifarias del transporte urbano e interurbano impactan directamente sobre trabajadores, estudiantes, jubilados y familias que dependen diariamente del colectivo para trasladarse.

En este contexto, las declaraciones del intendente de Córdoba, Daniel Passerini, durante una entrevista con el streaming La Voz En Vivo, instalaron una discusión que trasciende los límites de su provincia y que merece ser analizada también desde la realidad santiagueña.

«Si eliminan los impuestos nacionales al combustible, al día siguiente este intendente baja el 35% del valor del boleto», aseguró el jefe comunal cordobés.

La afirmación constituye un fuerte cuestionamiento al Gobierno nacional y abre un interrogante: ¿es posible reducir el costo del transporte público modificando la política impositiva y recuperando una distribución más equitativa de los recursos?

El reclamo del interior: menos subsidios y mayores costos

Passerini sostuvo que el actual esquema de financiamiento del transporte profundiza las desigualdades entre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y las ciudades del interior.

Según los datos expuestos por el intendente, el AMBA recibió durante el año aproximadamente 460 millones de dólares en compensaciones para el transporte, mientras que las jurisdicciones del interior no recibieron aportes equivalentes.

El mandatario también señaló que, según sus cálculos, el 35% del precio del gasoil corresponde a impuestos nacionales que no retornan directamente a las ciudades para financiar sus sistemas de colectivos.

En Córdoba, explicó, la tarifa técnica del servicio debería aproximarse a los $3.000 sin el esfuerzo financiero de los gobiernos municipal y provincial, que destinan conjuntamente alrededor de $10.000 millones mensuales para sostener el funcionamiento del sistema.

Estos números, aportados por Passerini, muestran la magnitud del problema que enfrentan las administraciones locales.

Sin embargo, la propuesta de reducir el boleto un 35% mediante la eliminación de impuestos al combustible requiere un análisis técnico: el combustible representa solo una parte del costo total del transporte, que también incluye salarios, mantenimiento, unidades, seguros y otros gastos operativos.

Más allá de esa discusión, el planteo político es claro: el interior reclama que el Gobierno nacional asuma una responsabilidad mayor en el sostenimiento del transporte público.

Santiago del Estero y La Banda: una problemática que afecta a miles de usuarios

La situación adquiere una dimensión particular en Santiago del Estero, donde la ciudad Capital y La Banda conforman un importante corredor urbano y laboral. El Concejo Deliberante de Santiago del Estero aprobó este martes 27 de octubre el aumento del boleto de colectivo urbano, que pasó a costar $1.490. La decisión se tomó durante la última sesión de los concejales que culminan su período, en medio de un debate sobre el impacto de la nueva tarifa y la situación del transporte público.

Miles de ciudadanos necesitan desplazarse diariamente entre ambas ciudades por razones de trabajo, educación, salud, trámites administrativos y actividades comerciales.

Cada incremento del boleto representa un gasto adicional que se acumula a lo largo del mes, especialmente para aquellos hogares en los que dos o más integrantes utilizan el transporte público.

El impacto no se limita al precio individual del pasaje. También afecta el presupuesto familiar, la movilidad de los estudiantes y las posibilidades de acceso al empleo.

Para las autoridades municipales, el desafío es igualmente complejo: garantizar la continuidad del servicio, atender las necesidades de las empresas prestatarias y evitar que los aumentos terminen excluyendo a sectores de menores ingresos.

Por eso, el reclamo formulado desde Córdoba podría convertirse en un punto de coincidencia entre intendentes de distintas provincias, independientemente de sus pertenencias políticas.

El transporte público no puede analizarse únicamente como un servicio comercial. Es también una herramienta de integración social, desarrollo económico y acceso a oportunidades.

El federalismo también se discute en el precio del boleto

La discusión sobre los subsidios al transporte refleja un problema más profundo: la distribución de los recursos nacionales y las responsabilidades que deben asumir los distintos niveles del Estado.

Durante años, las ciudades del interior reclamaron un tratamiento más equitativo frente a la concentración de recursos en el área metropolitana de Buenos Aires.

La eliminación de subsidios nacionales al transporte automotor urbano del interior trasladó una presión financiera considerable hacia las provincias, los municipios y, finalmente, los usuarios.

En Santiago del Estero, esta discusión debería formar parte de una agenda de trabajo entre las autoridades provinciales, los municipios de Capital y La Banda y las empresas de transporte.

El objetivo no tendría que limitarse a discutir cuánto debe aumentar el boleto, sino también cómo se financia el sistema, qué participación debe tener la Nación y cuáles son las alternativas para mejorar la prestación.

La propuesta de Passerini introduce una variable que merece consideración: revisar la carga impositiva sobre los insumos esenciales para el transporte.

No obstante, cualquier reducción tributaria debería acompañarse de mecanismos que garanticen que el beneficio llegue efectivamente al pasajero y no quede absorbido por otros componentes de la estructura de costos.

Una discusión que debe llegar al Congreso Nacional

El intendente cordobés anunció que participará de una reunión con legisladores nacionales en la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados para reclamar modificaciones en la distribución de recursos.

La iniciativa plantea la necesidad de construir una posición común entre los municipios del interior.

En ese escenario, Santiago del Estero tiene motivos para participar activamente del debate, porque las decisiones nacionales sobre subsidios, combustibles y financiamiento afectan directamente a sus sistemas de transporte.

La discusión también involucra a los representantes santiagueños en el Congreso, que tienen la posibilidad de impulsar propuestas orientadas a una distribución más equilibrada de los recursos.

No se trata solamente de reclamar más fondos, sino de establecer reglas claras, previsibles y federales para financiar un servicio esencial.

Opinión: el boleto no puede seguir siendo la única respuesta al aumento de los costos

El planteo de Daniel Passerini tiene una virtud política: coloca sobre la mesa una alternativa concreta y obliga a discutir la responsabilidad nacional en el precio del transporte.

Pero también exige un debate serio sobre su viabilidad económica.

Reducir impuestos al combustible puede contribuir a disminuir los costos de operación, aunque no garantiza automáticamente una rebaja equivalente del boleto. Para lograrlo, sería necesario transparentar las estructuras de costos y definir compromisos verificables entre el Estado y las empresas prestatarias.

En Santiago del Estero y La Banda, donde el colectivo es indispensable para buena parte de la población, el desafío debe ser encontrar un equilibrio entre tarifas accesibles, calidad del servicio y sostenibilidad económica.

El transporte público necesita planificación, inversión, controles y una política de financiamiento que no dependa exclusivamente de los aumentos tarifarios.

La experiencia cordobesa demuestra que los intendentes comienzan a llevar este reclamo al escenario nacional, donde deberían discutirse las soluciones estructurales.

El interrogante que queda planteado para Santiago del Estero es si Capital y La Banda podrán sumar una agenda común para defender a sus usuarios y reclamar un esquema más justo de financiamiento.

Porque detrás de cada aumento del boleto hay trabajadores que necesitan llegar a sus empleos, estudiantes que deben asistir a clases y familias que hacen cuentas para sostener sus gastos cotidianos.

Y porque el federalismo, además de expresarse en los discursos políticos, también debería reflejarse en algo tan cotidiano como el precio que paga un ciudadano para viajar en colectivo.