Pinto: Casación confirmó la condena contra Emilio Rached por peculado y malversación de fondos públicos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el recurso presentado por la defensa del exvicegobernador, exsenador nacional y exintendente de Pinto. Quedaron confirmados los tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación absoluta perpetua. También fue ratificada la condena contra la exsecretaria de Economía municipal, Ana María Vera.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Emilio Alberto Rached, una figura de extensa trayectoria en la política de Santiago del Estero, por los delitos de peculado y malversación de caudales públicos cometidos durante su gestión al frente de la Municipalidad de Pinto.

La decisión fue adoptada por la Sala I de Casación, que rechazó el recurso interpuesto por la defensa y mantuvo la sentencia dictada por el Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero. De esta manera, Rached fue condenado a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta perpetua.

En la misma resolución, los camaristas confirmaron la condena contra Ana María Vera, quien se desempeñó como secretaria de Economía de la Municipalidad de Pinto. La exfuncionaria recibió dos años y tres meses de prisión en suspenso e inhabilitación absoluta perpetua.

Fondos por más de $80 millones destinados a obras

La investigación judicial se centró en el manejo de fondos nacionales destinados a ejecutar obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en Pinto.

El convenio contemplaba un financiamiento de $80.591.322 para intervenciones en los barrios España, San Martín, El Tigre y Libertad. El programa incluía la construcción de un centro cultural y polideportivo NIDO, una red de desagües cloacales, estaciones elevadoras y una planta depuradora.

De acuerdo con los hechos que la sentencia tuvo por acreditados, se detectaron contrataciones irregulares, comprobantes sin respaldo y cheques librados a destinatarios distintos de los proveedores consignados.

Uno de los aspectos examinados fue el avance de la red cloacal: la obra registraba aproximadamente un 28% de ejecución, valuado en unos $16 millones, mientras que el proyecto completo había sido presupuestado en alrededor de $60 millones.

La resolución también abordó el destino de los intereses generados por fondos colocados transitoriamente en un plazo fijo. Según lo considerado judicialmente, esos recursos fueron transferidos a otra cuenta municipal, apartándolos del destino específico que tenían asignado.

Casación rechazó los argumentos de la defensa

La defensa había cuestionado distintos aspectos de la sentencia, entre ellos una supuesta afectación del derecho de defensa y planteos vinculados con la valoración de las pruebas.

La jueza Ángela E. Ledesma consideró que durante el proceso la acusación fue debidamente informada y que los acusados tuvieron oportunidad de ejercer su defensa. También entendió acreditadas las maniobras que sustentaron las condenas por peculado y malversación.

El juez Daniel Antonio Petrone coincidió en lo sustancial y consideró que los planteos defensivos no demostraron errores capaces de invalidar la sentencia. Javier Carbajo, tercer integrante de la Sala I, compartió en lo sustancial los fundamentos que permitieron mantener las condenas.

Una resolución de fuerte trascendencia política

El fallo adquiere especial relevancia institucional por la trayectoria pública de Rached. Antes de esta causa, desarrolló una extensa carrera política: fue intendente de Pinto, vicegobernador de Santiago del Estero y senador nacional.

Su nombre alcanzó además una fuerte proyección nacional durante el conflicto por las retenciones móviles de 2008. Como senador, Rached votó contra el proyecto vinculado con la Resolución 125, contribuyendo al empate que posteriormente fue definido en el Senado por el entonces vicepresidente Julio Cobos.

La resolución de Casación representa así un nuevo capítulo judicial de fuerte impacto para la política santiagueña: la máxima instancia penal federal ordinaria mantuvo las penas dictadas contra Rached y Vera por el manejo de recursos públicos que tenían como destino obras de infraestructura para los vecinos de Pinto.

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