Padre Pepe: la voz que nació entre los olvidados y que desde Santiago volvió a interpelar al país
El hábeas corpus impulsado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo para frenar temporalmente la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años en la provincia de Buenos Aires tuvo repercusión nacional. En el centro de la escena quedó nuevamente el padre José María “Pepe” Di Paola. Pero desde Santiago del Estero su figura tiene otra dimensión: aquí no hablamos solamente del reconocido “cura villero”. Hablamos de un sacerdote que encontró refugio en nuestra tierra cuando denunciar al narcotráfico puso en riesgo su vida y que hoy volvió a elegir Santiago para continuar una lucha de décadas junto a los jóvenes más vulnerables.
Durante las últimas horas, el nombre del Padre Pepe Di Paola volvió a recorrer los medios de comunicación del país.
El sacerdote quedó en el centro de uno de los debates más sensibles de la Argentina luego de que la Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, organización que preside, impulsara el hábeas corpus preventivo colectivo que derivó en la suspensión por 60 días de la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en territorio bonaerense.
La noticia rápidamente trascendió los límites de Buenos Aires y llegó a medios nacionales y provinciales. La discusión volvió a colocar frente a frente dos demandas que no deberían ser incompatibles: el legítimo reclamo de seguridad y justicia de la sociedad y la obligación del Estado de garantizar los derechos y posibilidades de recuperación de los adolescentes que ingresan al sistema penal.
Pero desde Santiago del Estero existe un elemento que merece ser destacado.
Para nosotros, el Padre Pepe no es solamente el cura que apareció en los titulares nacionales por cuestionar la implementación de una ley.
Es alguien que conoce esta tierra.
Y Santiago también conoce su historia.
Cuando denunciar al narcotráfico tuvo un precio
Mucho antes de que la discusión sobre la edad de imputabilidad lo devolviera al centro de la agenda pública, Pepe Di Paola ya había tomado decisiones difíciles.
Durante 14 años desarrolló una intensa tarea pastoral en la Villa 21-24 y Zavaleta de Buenos Aires. Allí convivió diariamente con una realidad que muchos conocen únicamente a través de estadísticas: pobreza, exclusión, violencia, adicciones y narcotráfico.
En 2008 fue uno de los impulsores del Hogar de Cristo, una experiencia que comenzó atendiendo personas atravesadas por consumos problemáticos y que posteriormente se extendió por todo el país.
Un año después, junto con otros sacerdotes, denunció públicamente el avance de la droga en las villas.
Aquello tuvo consecuencias.
Di Paola fue amenazado de muerte.
La situación llegó a tal extremo que tuvo que abandonar Buenos Aires para proteger no solamente su vida, sino también a las personas que trabajaban junto a él.
¿Y dónde encontró un lugar para continuar?
En Santiago del Estero.
Campo Gallo, en el corazón del interior santiagueño, recibió durante aproximadamente dos años a aquel sacerdote que debió alejarse de su comunidad luego de enfrentarse públicamente con uno de los poderes más peligrosos de los barrios vulnerables: el narcotráfico.
Ese capítulo no es un detalle menor de su biografía.
Para los santiagueños debería ser motivo suficiente para comprender desde qué lugar habla hoy el Padre Pepe.
No aprendió sobre marginalidad en un libro.
No descubrió los problemas de los adolescentes cuando comenzó el debate parlamentario sobre la imputabilidad.
Hace décadas que recoge los pedazos que deja la exclusión.
Santiago volvió a ser parte de su camino
Los años pasaron y Di Paola regresó a Buenos Aires, pero su relación con Santiago del Estero nunca desapareció.
Hoy esa historia volvió a encontrarse con nuestra provincia.
El sacerdote desarrolla nuevamente su misión pastoral en Santiago del Estero, particularmente en La Banda, donde su presencia está vinculada a la parroquia de Lourdes y al trabajo de los Hogares de Cristo.
Es decir que mientras buena parte de la Argentina conoció en estas horas al “cura que frenó la baja de imputabilidad”, muchos santiagueños conocen otra faceta: la del sacerdote que trabaja cerca de quienes atraviesan consumos problemáticos, pobreza, abandono y situaciones familiares extremadamente difíciles.
Por eso desde un periódico del interior creemos que su intervención merece ser analizada con una perspectiva diferente.
No presentó un hábeas corpus para defender el delito
Este punto debe quedar absolutamente claro.
Defender los derechos de un adolescente acusado de cometer un delito no equivale a defender el delito.
La sociedad argentina tiene motivos concretos para reclamar seguridad.
Existen víctimas.
Existen familias destruidas.
Existen delitos gravísimos cometidos por menores.
Negar esa realidad sería tan equivocado como creer que la única política posible consiste en bajar una edad y aumentar el número de adolescentes encerrados.
La Federación que encabeza el Padre Pepe planteó una cuestión concreta: si ingresarán al sistema penal adolescentes de 14 y 15 años, ¿están preparados los establecimientos para recibirlos?
¿Existen profesionales suficientes?
¿Habrá educación?
¿Tratamiento de adicciones?
¿Atención psicológica?
¿Programas de capacitación?
¿Condiciones edilicias adecuadas?
¿O simplemente incorporaremos más chicos a instituciones saturadas esperando que el encierro resuelva aquello que el Estado no pudo solucionar antes?
La Justicia consideró que esos interrogantes merecían una respuesta y suspendió preventivamente por 60 días la implementación del régimen en territorio bonaerense.
Por eso resulta incorrecto simplificar lo sucedido diciendo que el Padre Pepe pretende que los adolescentes que delinquen “no paguen” por sus actos.
El planteo es bastante más profundo.
Si un Estado decide castigar, también debe estar preparado para recuperar.
La pregunta incómoda que llegó a los medios de todo el país
La enorme repercusión que alcanzó el caso tiene una explicación.
La presentación judicial tocó uno de los puntos más sensibles de la sociedad argentina.
Es mucho más sencillo discutir una cifra —14, 15 o 16 años— que preguntarnos qué estamos haciendo con nuestros chicos antes de que lleguen al delito.
Y allí la experiencia de Di Paola incomoda.
Porque obliga a mirar aquello que muchas veces preferimos no ver.
¿Qué ocurrió con ese adolescente antes de empuñar un arma?
¿Cuándo abandonó la escuela?
¿Cuándo comenzó su consumo?
¿Quién detectó que estaba siendo captado por el narcotráfico?
¿Dónde estaba su familia?
¿Dónde estaba la escuela?
¿Dónde estaban las instituciones?
Y fundamentalmente:
¿dónde estaba el Estado?
Nada de eso borra la responsabilidad frente al delito.
Un adolescente que comete un hecho grave debe responder ante la Justicia dentro del régimen que democráticamente establezca la Argentina.
Pero prevenir el delito significa llegar antes.
Desde Santiago sabemos que el interior también existe
Existe además otra enseñanza detrás de la historia del Padre Pepe que desde Santiago del Estero podemos comprender especialmente.
Los problemas de las adicciones y la vulnerabilidad juvenil no terminan en la General Paz.
También existen en las ciudades pequeñas.
Existen en nuestros barrios.
Existen en comunidades rurales.
Existen en localidades donde muchas veces no hay suficientes profesionales especializados, centros de recuperación o dispositivos estatales para acompañar situaciones extremadamente complejas.
El Padre Pepe conoció esa Argentina cuando llegó a Campo Gallo.
Conoció ese Santiago profundo donde las distancias son enormes y donde cada institución —una parroquia, una escuela, un club, un centro comunitario— puede transformarse en la diferencia entre contener a un joven o perderlo.
Quizás por eso su mensaje adquiere desde nuestra provincia una dimensión todavía mayor.
Francisco, los curas villeros y una manera de entender la Iglesia
Tampoco puede comprenderse a Di Paola sin recordar su relación con Jorge Bergoglio.
El futuro papa Francisco acompañó y fortaleció durante sus años como arzobispo de Buenos Aires el trabajo de los curas villeros.
La idea era sencilla pero revolucionaria: la Iglesia no debía observar la pobreza desde afuera, sino vivir junto a las comunidades.
Di Paola hizo de esa concepción una forma de vida.
El Hogar de Cristo nació precisamente desde esa lógica: recibir a la persona como llega, muchas veces cuando prácticamente todos los demás sistemas ya fracasaron.
Por eso su lema, “Ningún pibe menos por la droga”, excede ampliamente una consigna religiosa.
Es una definición social.
Seguridad y oportunidades no deberían enfrentarse
Tal vez uno de los mayores errores argentinos sea transformar cada discusión compleja en dos bandos irreconciliables.
No debería ser necesario elegir entre las víctimas y los derechos de los adolescentes.
Hay que defender a las víctimas.
Hay que acompañar a sus familias.
Hay que exigir seguridad.
Hay que combatir al narcotráfico.
Hay que impedir que bandas criminales utilicen menores.
Hay que establecer responsabilidades frente al delito.
Pero simultáneamente hay que recuperar a los chicos que todavía pueden ser recuperados.
Porque si un adolescente de 14 años entra a una institución penal y sale años después sin educación, sin oficio, sin tratamiento de sus adicciones y con vínculos criminales mucho más fuertes, el Estado no habrá solucionado el problema.
Solamente lo habrá postergado.
Santiago conoce al hombre detrás del titular
En estas horas, buena parte de la Argentina discute al Padre Pepe.
Algunos celebran su presentación.
Otros la cuestionan duramente.
Es legítimo.
También es legítimo discutir el fallo judicial y debatir cuál debe ser la edad de responsabilidad penal.
Pero desde Santiago del Estero podemos aportar algo diferente a esa conversación nacional.
Podemos contar quién es el hombre detrás del titular.
El sacerdote que denunció el narcotráfico cuando hacerlo significaba ponerse en peligro.
El cura que debió dejar Buenos Aires amenazado y encontró refugio en Campo Gallo.
El hombre que durante décadas acompañó jóvenes destruidos por las drogas.
El impulsor de los Hogares de Cristo.
Y el sacerdote que volvió a elegir nuestra provincia, esta vez desde La Banda, para continuar trabajando cerca de los que muchas veces no tienen voz.
Su trayectoria no significa que tenga razón en absolutamente todo.
Pero significa que su palabra merece ser escuchada antes de ser descalificada.
Ningún chico debería ser una causa perdida
El debate sobre la baja de la edad de imputabilidad continuará.
La Argentina deberá encontrar un equilibrio entre seguridad, responsabilidad penal, derechos de la niñez y reinserción.
Pero quizá la discusión que abrió el Padre Pepe permita formular una pregunta mucho más profunda:
¿queremos solamente una Argentina capaz de castigar a un chico de 14 años o queremos construir un país capaz de evitar que ese chico llegue al delito?
Una cosa no necesariamente excluye a la otra.
Desde Santiago del Estero, una provincia que alguna vez recibió al Padre Pepe cuando las amenazas del narcotráfico lo obligaron a alejarse de Buenos Aires y que hoy vuelve a tenerlo caminando sus comunidades, conocemos una parte de su historia que el ruido de la discusión nacional puede ocultar.
Por eso, cuando su nombre vuelve a ocupar espacios en medios de todo el país, vale recordar de dónde viene su posición.
Pepe Di Paola no comenzó ayer a defender a los jóvenes vulnerables. Lleva décadas haciéndolo.
Y cuando advierte que encarcelar sin condiciones dignas, educación y posibilidades de reinserción puede convertir el sistema penal juvenil en una fábrica de mayor exclusión, no habla solamente desde una posición ideológica.
Habla desde los barrios. Habla desde las villas. Habla desde los Hogares de Cristo. Habla desde los años enfrentando el daño provocado por la droga. Y también habla desde Santiago del Estero.
Tal vez allí esté la razón por la cual su intervención volvió a incomodar, movilizar y hacer discutir a todo un país.
Porque detrás de una ley, de un expediente judicial y de una discusión política existe una pregunta que ninguna sociedad debería dejar de hacerse:
¿qué hacemos para que ningún pibe sea considerado definitivamente perdido?
