Agua potable: la Provincia y profesionales de la ingeniería avanzan con un relevamiento integral
El convenio permitirá identificar las necesidades de las comunidades que aún no cuentan con un acceso rápido y seguro al agua, elaborar propuestas de ampliación y planificar futuras inversiones.
El Gobierno de Santiago del Estero y el Consejo Profesional de Ingeniería y Afines firmaron un convenio estratégico para fortalecer los servicios de agua potable en las zonas no concesionadas de la provincia.
El acuerdo busca avanzar en un relevamiento integral que permita conocer el estado actual de los sistemas de provisión, detectar necesidades insatisfechas y elaborar propuestas para crear nuevos servicios o ampliar los existentes.
La iniciativa adquiere especial importancia en una provincia caracterizada por su extensa superficie y la dispersión de numerosas comunidades rurales. En ese contexto, garantizar el acceso seguro al agua potable representa una necesidad básica, pero también una condición indispensable para mejorar la salud, la calidad de vida y las posibilidades de desarrollo de cada localidad.
El convenio fue suscripto por el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el ministro de Obras, Servicios Públicos y Agua, Aldo Hid; el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Ángel Mandrille; y el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería y Afines de Santiago del Estero, Mario Hugo Mondino.
También participaron el subsecretario de Asuntos Jurídicos, Raúl Sambade; el secretario de Obras, Servicios Públicos y Agua, Jorge Zuaín; y Luis Olmos, integrante del Consejo Profesional.
Un plan dividido en tres etapas
Mondino explicó que la propuesta fue diseñada por profesionales matriculados especializados en ingeniería hidráulica y estará destinada especialmente a las poblaciones que todavía no disponen de un acceso rápido, seguro y suficiente al agua para consumo humano.
El plan contempla tres etapas. La primera consistirá en relevar la situación actual y determinar las necesidades de consumo. Posteriormente, se establecerá un programa de trabajo para alcanzar a las comunidades con servicios insuficientes o sin cobertura.
La tercera instancia estará orientada a calcular las inversiones necesarias para ejecutar obras de distintas características y brindar respuestas concretas a la población.
“En función de todo este relevamiento y diagnóstico vienen las necesidades de inversiones para satisfacer las demandas de la población”, señaló Mondino.
Información técnica para decidir y proyectar
Por su parte, Araujo recordó que el acuerdo se enmarca en el convenio general firmado por el gobernador Elías Suárez con colegios y consejos profesionales, cuyo propósito es incorporar información técnica y especializada a la toma de decisiones del Estado.
El jefe de Gabinete destacó los avances alcanzados durante los últimos años en la extensión del agua potable hacia numerosas localidades del interior. Sin embargo, reconoció que la amplitud territorial y la dispersión poblacional todavía exigen importantes trabajos.
“Este relevamiento nos permitirá determinar cuál es la situación actual, el punto en el que estamos y hacia dónde debemos avanzar”, sostuvo.
También remarcó que existe una decisión política del gobernador Elías Suárez de continuar ampliando el acceso al servicio, incluso dentro de un contexto económico complejo, mediante la planificación de inversiones de mediano y largo plazo.
El agua como prioridad para el desarrollo
Los resultados del relevamiento servirán para ordenar prioridades, diseñar nuevos proyectos y establecer lineamientos de inversión basados en información profesional e idónea.
El trabajo será desarrollado de manera articulada entre el Consejo Profesional, el Ministerio de Obras, Servicios Públicos y Agua, las áreas provinciales vinculadas con los recursos hídricos y el Consejo Económico y Social.
La firma del convenio representa un paso fundamental para transformar el diagnóstico técnico en soluciones concretas. Llevar agua potable a cada comunidad no significa solamente extender redes o construir infraestructura: implica proteger la salud, reducir desigualdades y generar condiciones de arraigo y crecimiento en todo el territorio santiagueño.
