Grave denuncia contra ex comisionado de Brea Pozo por millonaria defraudación y presunto desvío de fondos públicos
La Justicia investiga al exfuncionario Juan Manuel Ibáñez por una presunta maniobra que superaría los $544 millones. El caso vuelve a encender las alarmas sobre la administración de recursos en comisiones municipales del interior santiagueño.
Un nuevo escándalo sacude a una comisión municipal del interior de Santiago del Estero y vuelve a poner en debate la transparencia en la gestión de fondos públicos. El excomisionado de Brea Pozo, Juan Manuel Ibáñez, fue denunciado por presunta defraudación, desvío de fondos y libramiento de cheques sin respaldo, en una causa que ya alcanza cifras millonarias.
Según la presentación judicial impulsada por el abogado Lucas Cabañas, las maniobras investigadas rondarían los $544 millones. De ese total, $364 millones corresponderían a cheques sin fondos emitidos en el marco de operaciones comerciales, mientras que otros $180 millones estarían vinculados al presunto desvío de partidas destinadas a la construcción de viviendas sociales.
La denuncia también involucra al extesorero de la gestión, Carlos Saavedra, y no se descarta que la causa avance hacia figuras penales más complejas como asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y malversación de fondos.
Uno de los denunciantes, el empresario Facundo Quiroga, aseguró haber realizado trabajos para la comuna entre junio de 2025 y febrero de 2026, por los cuales recibió cheques que luego fueron rechazados por falta de fondos. A pesar de los reiterados reclamos, nunca obtuvo respuesta.
En paralelo, otro comerciante tucumano, José Agustín Claps, inició una demanda civil por una deuda superior a los $112 millones, solicitando incluso el embargo e inhibición de bienes del exfuncionario.
Fondos para viviendas, bajo sospecha
Uno de los aspectos más sensibles de la investigación apunta al destino de recursos enviados para la construcción de viviendas sociales. Según trascendió, se habrían girado fondos para la ejecución de al menos 18 unidades habitacionales que, hasta el momento, no fueron edificadas.
Esta situación afecta directamente a familias que ya estaban inscriptas como beneficiarias y que hoy continúan esperando respuestas, en un contexto social complejo donde el acceso a la vivienda es una de las principales demandas.
Un problema que se repite en el interior
El caso de Brea Pozo no sería un hecho aislado. En los últimos años, distintos episodios protagonizados por comisionados municipales de otras localidades santiagueñas han generado un fuerte deterioro en la confianza de los vecinos hacia sus autoridades.
Denuncias por manejos irregulares de fondos, obras inconclusas y falta de rendición de cuentas han marcado una preocupante tendencia que hoy vuelve a quedar expuesta con esta causa.
Fuentes judiciales indicaron que existiría una línea de investigación más amplia, orientada a detectar patrones comunes en la administración de recursos en distintas comisiones municipales, lo que podría derivar en procesos unificados.
Impacto social y reclamo de transparencia
Más allá de las responsabilidades penales que deberá determinar la Justicia, el impacto social de estos hechos es profundo. La presunta utilización indebida de fondos públicos no solo compromete el desarrollo de las comunidades, sino que también erosiona el vínculo de confianza entre los vecinos y sus representantes.
En localidades pequeñas, donde la cercanía entre autoridades y ciudadanos es mayor, este tipo de situaciones genera un fuerte sentimiento de decepción y desamparo.
Mientras avanza la investigación, la comunidad de Brea Pozo y otras localidades del interior aguardan respuestas concretas y, sobre todo, garantías de que los recursos públicos serán administrados con la transparencia que la sociedad exige.
