Comenzó el juicio por contaminación con agroquímicos en Pergamino: siete productores y dos funcionarios en el banquillo

El Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario dio inicio este miércoles al juicio oral y público contra siete productores agropecuarios y dos funcionarios municipales de la ciudad bonaerense de Pergamino, acusados de contaminación ambiental por el uso indebido de agroquímicos en campos ubicados dentro del radio urbano.

Las causas, que comenzaron a tramitarse a partir de 2014 tras denuncias de vecinos y organizaciones ambientalistas, fueron acumuladas a pedido del Ministerio Público Fiscal. En el debate intervienen dos querellantes y está prevista la declaración de más de 100 testigos.

El Ministerio Público Fiscal está representado por el fiscal federal Federico Reynares Solari, titular de la Oficina de Litigio Oral Estratégico del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Rosario. Durante su alegato de apertura, el fiscal sostuvo que demostrará la responsabilidad penal de los imputados por la utilización de sustancias químicas peligrosas para la salud humana y el ambiente.

Los acusados y los delitos imputados

Los productores imputados son Fernando Cortese, Víctor Tiribó, José Luis Grattone, Carlos Sabatini, Hugo Sabatini, Mario Reinero Roces y Cristian Taboada. También están acusados Guillermo Naranjo y Mario Daniel Tocalini, auditor y director, respectivamente, de la Dirección de Ambiente Rural de la Municipalidad de Pergamino.

A los productores se les atribuye el delito previsto en el artículo 55 de la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos, que contempla penas de 3 a 10 años de prisión para quien, mediante el uso de residuos, contamine de modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general.

Según la acusación, las fumigaciones se realizaron pese a la vigencia de la Ordenanza Municipal N°8126/14, que prohíbe la aplicación de plaguicidas o biosidas químicos mediante fumigación terrestre o aérea a menos de 100 metros de zonas periurbanas y viviendas.

En el caso de Cortese, además, se lo acusa por amenazas coactivas contra un familiar de las denunciantes, en un episodio ocurrido en julio de 2020.

Por su parte, los funcionarios municipales Naranjo y Tocalini están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, al no haber ejercido los controles correspondientes y permitir fumigaciones sin la debida fiscalización.

Sustancias detectadas y barrios afectados

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las fumigaciones afectaron a barrios como La Guarida, Luar Kayad y Villa Alicia, entre otros sectores cercanos a los campos señalados.

Peritajes realizados durante la investigación detectaron la presencia de 45 plaguicidas en muestras de suelo, con predominancia de atrazina, triticonazol, metolaclor, acetoclor, clorpirifos, glifosato y su producto de degradación AMPA, entre otros compuestos. En muestras de agua también se hallaron 18 plaguicidas.

Algunos de estos productos habían sido prohibidos por el entonces Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, mientras que otros —como el glifosato— fueron categorizados por la Organización Mundial de la Salud como “probablemente carcinógeno humano”.

La fiscalía sostiene que las fumigaciones se realizaron de manera reiterada y continua desde 2011 en distintos predios, incluso en zonas próximas a escuelas y jardines de infantes, y dentro de áreas de exclusión fijadas por ordenanzas y medidas cautelares judiciales.

Posturas en el debate

Tras la exposición del Ministerio Público Fiscal, la querella adhirió a la acusación y aportó consideraciones técnicas sobre la problemática ambiental.

Las defensas, en tanto, negaron los hechos y plantearon la incompetencia del tribunal, aunque el presidente del cuerpo decidió diferir esa cuestión para el momento de la sentencia. De los imputados, el único que declaró fue Tocalini, quien se desligó de las acusaciones.

El debate continuará el próximo 12 de febrero con la declaración de las querellantes y de los efectivos policiales que intervinieron en la investigación. Posteriormente se escuchará el testimonio de vecinos afectados, personal municipal, operarios y peritos especializados que participaron en la investigación.

El proceso judicial es seguido de cerca por organizaciones ambientalistas y vecinos, en un caso que podría sentar un precedente clave en materia de responsabilidad penal por contaminación con agroquímicos en zonas urbanas del país