El Gobierno nacional avanza con la privatización del ferrocarril para hacer caja
El Gobierno nacional acelera su plan de privatización de empresas públicas con un objetivo claro: reducir el gasto del Estado y generar ingresos frescos en dólares para fortalecer las reservas. En ese marco, el ferrocarril argentino aparece como una de las piezas centrales de una estrategia que apunta más a hacer caja que a fortalecer un sistema clave para el desarrollo y la integración del país.
Según se conoció en las últimas horas, el Ejecutivo prevé avanzar durante el próximo año con la privatización de más de una decena de empresas estatales. Entre ellas se destacan áreas sensibles como el transporte, la energía y las comunicaciones, sectores históricamente estratégicos para el crecimiento federal.
Uno de los pasos más significativos se dio el viernes pasado, cuando quedó inscripta en el Registro Público la transformación de Ferrocarriles Argentinos Sociedad del Estado (SE) en Ferrocarriles Argentinos Sociedad Anónima Unipersonal (SAU). Esta modificación societaria no es un hecho aislado: se trata de un movimiento clave para dejar allanado el camino a una futura privatización del sistema ferroviario.
La decisión se enmarca en el artículo 48 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023, impulsado por el presidente Javier Milei, que establece que todas las empresas con participación estatal deben convertirse en sociedades anónimas, quedando sujetas a la Ley General de Sociedades y perdiendo cualquier prerrogativa pública. En los hechos, esta transformación coloca a las empresas estatales en igualdad de condiciones con firmas privadas, facilitando su venta total o parcial.
Además del ferrocarril, el Gobierno avanza con la transformación y eventual privatización de la Administración de Infraestructura Ferroviaria, la Administración General de Puertos, Operadora Ferroviaria, Radio y Televisión Argentina, la Casa de Moneda, Telam, Fabricaciones Militares, Edu.Ar, Contenidos Públicos y la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
La lista se amplía con otras compañías de peso como Transener, las represas hidroeléctricas, AYSA —responsable del agua potable y cloacas en el área metropolitana—, Enarsa, Intercargo, Corredores Viales (que administra unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales) y la Vía Navegable Troncal, más conocida como la Hidrovía.
El foco principal del plan oficial está puesto en energía y transporte, dos sectores que no solo generan recursos sino que cumplen un rol central en la conectividad, la producción y la soberanía nacional. En el caso del ferrocarril, la preocupación crece especialmente en las provincias del interior, donde el tren no es solo un medio de transporte, sino una herramienta clave para abaratar costos logísticos, impulsar economías regionales y garantizar integración territorial.
Mientras el Gobierno sostiene que la privatización permitirá eficiencia y alivio fiscal, crecen las voces que advierten que el desguace del sistema ferroviario puede profundizar desigualdades, encarecer el transporte y dejar en manos privadas un servicio estratégico, cuyo valor excede largamente cualquier balance contable de corto plazo.
