Revisión de pensiones de invalidez en Santiago del Estero y varias provincias para garantizar la transparencia en los beneficios sociales

En un esfuerzo por transparentar la distribución de beneficios sociales, el Gobierno Nacional ha iniciado una exhaustiva auditoría sobre las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, un sistema que en los últimos años ha sido objeto de serias denuncias por presuntas irregularidades. En esta revisión, Santiago del Estero ha emergido como una de las provincias con la mayor proporción de pensiones en relación a su número de habitantes, situándola en un punto clave de esta investigación.

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), bajo la órbita del Ministerio de Salud, está a cargo de esta auditoría que busca examinar la legalidad de más de 1.250.000 pensiones otorgadas en todo el país. Las primeras cifras arrojadas por la investigación son alarmantes: solo el 7% de las pensiones auditadas hasta ahora cumplen con los requisitos legales, lo que ha desencadenado un proceso de revisión masiva de casos.

Santiago del Estero, conocida por su riqueza cultural y su fuerte identidad, ahora enfrenta la posibilidad de que una significativa cantidad de sus beneficiarios sean revisados. En particular, se investigarán certificados médicos, y casos específicos en los que se sospecha que se otorgaron pensiones no correspondidas. Esta auditoría también apunta a detectar prácticas corruptas, como la utilización de radiografías falsas o incluso absurdas, como la de un perro que fue presentada como prueba médica para solicitar una pensión.

El impacto de esta auditoría en Santiago del Estero podría ser significativo, no solo por la cantidad de pensiones bajo revisión, sino también por la posible revelación de un sistema de otorgamiento de beneficios que, según las autoridades, ha sido utilizado de manera indebida en gestiones anteriores.

Las autoridades de la ANDIS y el Ministerio de Salud han dejado en claro que el objetivo es depurar el sistema y asegurar que las pensiones por invalidez sean otorgadas únicamente a quienes realmente las necesitan y cumplen con los requisitos legales. Este proceso no solo busca corregir los errores del pasado, sino también proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar que los recursos del Estado lleguen a quienes realmente lo necesitan.